Perú
Abierto
amedrentamiento
Cecilia Valenzuela Valencia
*
 Lima.-
El gremio periodístico se encuentra polarizado
en el Perú, el público distingue entre
periodistas oficialistas o fujimoristas, y
periodistas independientes o de oposición.
El acoso a los
periodistas independientes en Perú se
materializa de dos formas: con actos
intimidatorios, cometidos por agentes del
Servicio de Inteligencia Nacional ( SIN ), del
Ejército o autoridades locales del interior del
país.
Y, en forma
velada, a través del Poder Judicial, con
procesos abiertos tanto a periodistas como a
propietarios de medios de comunicación.
Las presiones
judiciales pretenden acallar pesquisas
periodísticas que ponen al descubierto
corrupción en la administración pública,
vínculos de autoridades y miembros de las
Fuerzas Armadas con el narcotráfico o
violaciones a los derechos humanos perpetradas
por los servicios secretos.
 En 1999, la vigilancia e
intento de amedrentar -con métodos menos
sutiles- a los hombres de prensa en Perú
tuvieron mayor rango estadístico en el interior
del país. El desmesurado centralismo limeño y
la fragilidad de las empresas periodísticas de
las provincias convierte al periodismo en un
oficio extremadamente vulnerable en estas zonas
lejanas de la ciudad capital.
El caso de radio
Marañón, en la provincia de Cajamarca,
es el más notable de la larga lista de
acontecimientos que ensombrecen el tema de la
seguridad y las garantías de los periodistas en
Perú.
En marzo del
año pasado, el periodista de esa emisora, José
Luis Linares, fue asaltado y abaleado en su
domicilio por sujetos encapuchados. Días
después sus colegas, Homero Marín Salazar y
Olinda Pérez fueron asaltados y golpeados por
desconocidos. El director de radio
"Marañón", el sacerdote jesuita Luis
Távara Martín, dijo que esos hechos forman
parte de una retahíla de amenazas que recibieron
–y que recrudecieron en julio del mismo año
con persecuciones y seguimientos- en represalia
por denuncias sobre atropellos contra los
derechos humanos, corrupción y defensa del medio
ambiente.
En septiembre
del mismo año, el corresponsal en Cajamarca, del
diario La República -uno de los
periódicos más influyentes a nivel nacional-
Juan Sausa Seclén, se vio obligado a abandonar
su domicilio y permanecer en la clandestinidad,
temporalmente, tras recibir recurrentes amenazas
de muerte.
Las
intimidaciones coincidieron con la publicación
de un informe sobre Hugo Coral Goycochea, un
integrante del grupo paramilitar
"Colina" que trabajaba, con nombre
falso, como el guardaespaldas del alcalde de la
ciudad. El grupo paramilitar "Colina"
fue acusado, sentneciado y casi inmediatamente
amnistiado por el gobierno, por las matanzas de
15 personas en Barrios Altos ( Lima ) en
noviembre de 1991 y de 9 estudiantes y un
profesor de la Universidad Enrique Guzmán y
Valle-"La Cantuta" en Lima, en julio de
1992.
En mayo de 1999,
la policía del departamento amazónico de San
Martín efectúo una serie de visitas a las
radios de Rioja y Nueva Cajamarca, dos
localidades del nororiente peruano. Sin mediar
orden judicial alguna, los agentes exigieron a
sus directores información de los propietarios y
el personal que labora en dichas empresas
periodísticas. La solicitud de datos incluía la
"filiación política" de cada una de
las personas requeridas.
El Jefe de la
Policía Nacional de la zona, explicó luego que
hubo un malentendido y que la acción sólo
tenía como intención estrechar los lazos de la
Policía de la región con los medios de
comunicación.
En agosto, la
Jefatura Político-Militar del departamento de
Huancavelica, a 500 kilómetros al sureste de
Lima, envió a las radioemisoras de su
circunscripción un oficio que ordenaba a los
propietarios, que remitan a esa autoridad todo el
material informativo de sus espacios noticiosos,
después de haber sido emitidos.
El documento,
firmado por un capitán del Ejército, tenía el
sello del Comando Político Militar de
Huancavelica y decía textualmente: "...por
disposición de nuestro escalón superior,
debemos controlar todos los informativos emitidos
en esta Zona de Emergencia".
En Lima, los
más destacados periodistas de investigación de
los medios de información independientes como
los diarios La República, El Comercio,
Caretas y algunos espacios televisivos,
ahora desaparecidos, como Hildebrandt en
Enlace Global" (Canal 13), "Aquí y
Ahora" y "Sin Censura" (ATV) y
"Contrapunto" ( Frecuencia Latina, 1997
) fueron objeto de seguimiento personal, amenazas
e interceptación telefónica.
César
Hildebrandt, hoy director del diario
"Liberación", fue el blanco del plan
"Bermuda", un plan secreto elaborado
por los servicios de inteligencia, que tenía
como meta asesinarlo y que se denominó así,
porque pretendía "ver muda a la
prensa". El operativo fue desbaratado
gracias a una revelación que hizo el reportero
de investigación del diario "La
República", Edmundo Cruz, un hombre de
prensa que es vigilado al milímetro por sus
reveladores reportajes sobre el manejo político
del Ejército y específicamente, del SIN.
El ejercicio
periodístico en el Perú es, permanentemente
vigilado, un informe propalado por el programa
televisivo de Frecuencia Latina, en 1997, puso al
descubierto el entramado de las escuchas
ilegales, de las interceptaciones telefónica,
contra políticos y periodistas. La denuncia
llegó a la Comisión de Defensa del Congreso del
Perú, pero dos años después, un discutido
dictamen, excluyó a las Fuerzas Armadas y al
Servicio de Inteligencia de responsabilidad en el
espionaje telefónico.
La denuncia se
encuentra ahora en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El gobierno de Alberto
Fujimori, sin embargo, ha retirado al Perú, hace
unos meses, de la Competencia Contenciosa de la
Corte. La prensa peruana reclama garantías para
ejercer con libertad.
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Reproducción en SdP con la autorización expresa de Hilda
García, directora de contenidos de To2.com.
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