Entrevista con Alejandra Matus

"Sentí esos miedos"

Sandra Guijarro Vilela *

Santiago de Chile.- El libro negro de la justicia chilena es una investigación de seis años de la periodista Alejandra Matus, que revela al gran público el comportamiento de quienes formaban -o forman aún- parte de la Corte Suprema de Justicia chilena.

En palabras de la autora, "no he pretendido escribir 'todo' acerca de la justicia chilena, sino narrar sólo lo necesario para explicar y entender lo que ha sido su itinerario, el ejercicio de sus funciones en tanto 'Poder' del Estado".

A pesar de que el libro aborda temas conocidos en sectores de gobierno, políticos, periodísticos y de gente que ha tenido que lidiar con la justicia, como son los niveles de corrupción, la falta de trasparencia, la parcialidad de algunos jueces, entre otros; el logro de la investigación de Matus, que le costó el asilarse en E.U., es dar a conocer al gran público los secretos de los fríos corredores del Palacio de Tribunales.

Además de las consultas bibliográficas y de la prensa nacional, la periodista realizó 80 entrevistas a gente vinculada al tema, cuyo nombre se mantiene en reserva en el texto. Tanta cautela puede parecer excesiva, pues Chile vive en democracia desde 1990. Pero días antes del lanzamiento, la autora sintió miedo. "Es absurdo y quizás si hasta ridículo, tener que admitir que sentí esos miedos, y que en alguna medida todavía los vivo, cuando en Chile han transcurrido ya casi una década de haberse recuperado la democracia".

También revivió "las aprensiones por los riesgos que corremos (la casa editorial y la autora) por el solo acto de difundir hechos que, aunque fundamentados y comprobados, van a resultar ciertamente incómodos para sus protagonistas".

No se equivocó; la tormenta estaba anunciada, porque en ese momento Matus estaba consciente que la Ley de Seguridad del Estado en Chile protege a las autoridades políticas y administrativas, como altos mandos de las Fuerzas Armadas, a los ministros de la corte Suprema y hasta a los obispos, sancionando a quienes los "difamen, calumnien o injurien".

"¡Cuántas veces fui censurada -recuerda Matus- porque el artículo se ocupaba de algunos de estos intocables!"

Matus afirma en su libro que "no ha existido en la historia de Chile un Poder Judicial que se entienda y conduzca como tal; lo que hemos tenido -salvo, reitero, las actuaciones aisladas de jueces tan brillantes y valientes como escasos- ha sido un 'servicio' judicial, no más moderno, ético ni independiente que cualquier otro de la administración pública".

El libro narra, por ejemplo, el gusto por las adolescentes del fiscal Marcial García Pica. "Las niñas lo esperaban revoloteando en el tercer piso hasta que él las hacía pasar a su oficina".

Entre 1993 y 1994, cuando Matus reporteaba para su libro, algunos de los oficiales de sala que trabajaban con los fiscales y otros de la Corte Marcial le contaron que "'todos los días llegan diferentes niñas preguntando por el 'tío' Marcial. Todas son sus sobrinas. Él les hace de todo. Las toquetea, las desviste, les toma fotografías que luego destruye y echa en el papelero. Muchas veces vimos esos pedacitos de foto al sacar la basura".

También relata que García Pica era un "pedigüeño", "pedía a los jueces de primera instancia que fulanito de tal no fuera condenado en un juicio criminal, a los ministros de Corte que acogieran una apelación o que le dieran la libertad bajo fianza a otro".

Pero el libro también cuenta excepcionales casos de probidad en jueces como Carlos Cerda, doctor especial por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y doctor en Filosofía del Derecho por una universidad parisina.

En 1983, Cerda tomó a su cargo la investigación de la desaparición en 1976 de 13 dirigentes comunistas. El caso estuvo en primera instancia, pero el juez Guastavino dio crédito al informe gubernamental que aseguraba que los dirigentes habían salido hacia Argentina.

Luego de investigar el caso, el juez "descubrió que eran falsos todos los informes sobre la salida del país de las víctimas, que, en realidad, habían sido secuestrados por un grupo especial que dirigía la Fuerza Aérea, conocido luego como el Comando Conjunto, en competencia con la Dina (servicio de inteligencia del régimen militar) por el control de la 'inteligencia antisubversiva'."

Luego de tres años en el caso, el juez Cerda "dictó el auto de procesamiento de 40 personas, entre ellas 38 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo al ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh".

Inmediatamente se produjo un terremoto en el gobierno y en las FF.AA. El 6 de octubre de 1986, con los votos de 4 magistrados de la segunda sala, "se dejó sin efecto las encargatorias de reo y ordenó a Cerda sobreseer definitivamente el caso por aplicación de la Ley de Amnistía".

De forma inédita, el juez Carlos Cerda informó que no cumpliría con la orden porque "en mi modesto concepto, sobreseer en este momento en razón de la Ley de Amnistía es a todas luces contraria a derecho (...) por eso suspendo la orden que me han dado mis superiores".

Si se aplicaba o no la Amnistía -en concepto del ministro Cerda- debía ser cuando se diera sentencia definitiva y no mientras durara la investigación.

Tres días después, la Corte Suprema dispuso dos meses de suspensión al juez Cerda bajo el cargo de 'alzarse y discutir resoluciones judiciales' y de 'desconocer absolutamente sus obligaciones y faltar gravemente a la disciplina judicial. En ausencia de Cerda, Manuel Silva Ibáñez, debió dictar el sobreseimiento definitivo al caso".

El libro también aborda cuando se publicó el Informe Rettig. Como se sabe, el
periodo presidencial de Patricio Aylwin estuvo muy marcado por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Existía un el compromiso simbólico de que cualquier gobierno que reiniciara la democracia, tenía la responsabilidad de generar alguna respuesta sobre lo que pasó. En 1990, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que debía informar de lo que aconteció en el régimen militar. Un año mas tarde, el 4 de marzo de 1991, se publicó el Informe Rettig, conocido así por el abogado Raúl Rettig Guissen que presidió la Comisión, en el que se oficializó que durante el régimen militar sí hubo detenidos desaparecidos y se consignaron 1.250 casos.
En El Libro negro de la justicia chilena se consigna que el Informe Rettig marcó un hito en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El Informe Rettig dice respecto del comportamiento del Poder Judicial durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet. "Durante el período que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos".

También señala el Informe que "la actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo, en alguna e importante e involuntaria media, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus actuaciones delictuales".

Para Matus, "la palabra 'involuntaria' (en el Informe Rettig) no fue suficiente para suavizar la gravedad de la conclusión, que era refrendada más adelante con la afirmación de que muchas vidas se hubieran salvado si la magistratura hubiera actuado con firmeza en vez de debilidad".

En el último capítulo del libro, la periodista Alejandra Matus opina que aunque se han realizado algunas reformas al Poder Judicial chileno en los últimos años, todavía falta un largo camino para llegar a un verdadero Poder Judicial, pues las injusticias continúan e ilustra con varios ejemplos actuales.

El libro negro de la justicia chilena finaliza en sus más de 300 páginas, con una cita del magistrado Rubén Galecio. "Si el concepto de juez es una idea-símbolo, también es una idea-fuerza, es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso. Si la sociedad actual aprovecha esa fuerza encuasándola con inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho".

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