Chile

El caso del libro negro de la justicia

Sandra Guijarro Vilela *

Santiago de Chile.- Ricardo Lagos, en su primera conferencia de prensa como Presidente, reconoció que en Chile existen problemas de libertad de expresión y se comprometió a que en su gobierno realizará las reformas legales necesarias para superar esta situación, que se conoció internacionalmente cuando Estados Unidos concedió asilo político a la periodista chilena Alejandra Matus, quien debió salir del país el 16 de abril del año pasado ante la orden de arresto en su contra por ser la autora de El Libro negro de la justicia chilena.

"Lo único que podemos hacer es modificar la legislación que produce esos hechos -señaló Lagos- y creo que pensar que tenemos un periodista que recibe asilo político en EE.UU. por esta situación, es algo que va en desmedro de la situación internacional del país, tenemos que modificar".

La periodista debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Dicha Comisión consideró insatisfactoria la respuesta de las autoridades chilenas sobre el resguardo de sus derechos a la seguridad y la integridad personal; a la libertad de expresión y a la propiedad intelectual.

"La periodista fue sancionada en virtud de determinadas disposiciones legales, propongo enviar un proyecto de ley para derogarlas", aseguró Lagos ante una centena de periodistas, añadiendo a que este caso, junto a la iniciativa cultural de una Casa de Vidrio en la que vivió unos días una actriz y cuyos autores posiblemente enfrentan un proceso legal si se acogen alguna de las querellas presentadas en su contra, reflejan a un país que le hace falta "airearse un poquito, no nos hace mal a nadie airearnos un poquito", opinó el Presidente chileno.

Cuando el caso Matus estaba en plena efervescencia, las autoridades del gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei reconocieron que existía una distorsión entre la Ley de Seguridad Interior del Estado con la ley internacional, específicamente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero todavía no se ha modificado la ley.

En 1996, la periodista Alejandra Matus junto con Francisco Artaza recibió el premio Ortega y Gasset, del diario español El país, por su trabajo conjunto en una investigación sobre el asesinato del ex Canciller Olando Letelier, cometido en Washington por órdenes de la policía secreta del régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1972-1990), en 1976.

Además no sólo la autora de El libro negro de la justicia chilena enfrenta una querella judicial, sino que también se encarceló a los responsables de la Editorial Planeta, que publicaron el libro. Específicamente Carlos Orellana, editor general de esa editorial en Chile, y Bartolo Ortiz, gerente de Planeta Chile, fueron detenidos en las oficinas donde trabajan, encerrados en un cuartel y luego comparecieron en el Palacio de Justicia de Santiago.

Según informaron los medios en su momento, Orellana y Ortiz fueron detenidos también sobre la base del Art. 6°, letra B, de la Ley de Seguridad del Estado.

El juez a cargo de la querella, Rafael Huerta, ordenó la incautación de los ejemplares y prohibió su circulación, sin embargo en el centro de Santiago se pueden adquirir ediciones piratas del libro. Así como también editorial Planeta envió varios ejemplares a sectores de opinión del país gratuitamente.

Varios parlamentarios, el Colegio de Periodistas de Chile y otras organizaciones presentaron el año pasado diversos recursos legales para dejar sin efecto la prohibición. Todos han sido rechazados.

Lo sucedido con la periodista Alejandra Matus es una muestra más de que en Chile, la libertad de expresión presenta serias falencias debido básicamente a una herencia legal de la dictadura. Así lo reconoció el propio Presidente Lagos al asumir su mandato.

Luego de diez años del retorno a la democracia en Chile, los enclaves autoritarios continúan, El libro negro de la justicia chilena es sólo una muestra de los atropellos a la libertad de expresión que están amparados por la ley chilena. El Presidente Lagos se comprometió formalmente a reformar esta ley, pero sólo el tiempo dirá si la periodista asilada en EE.UU. podrá regresar algún día a su país.

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