México

El Ejército habría comprado a periodistas

To2 / Área de Reportajes Especiales *

Ciudad de México.- Durante varios años y particularmente en aquellos en que el movimiento guerrillero zapatista estaba posicionado en la opinión pública a través de la prensa, el gobierno mexicano y sus fuerzas armadas se dedicaron a vigilar estrechamente a los periodistas de todos los medios de comunicación, especialmente de aquellos considerados como contrarios a los intereses del Ejército.

Entre 1994 y 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) no sólo creó una Dirección General de Comunicación Social para difundir su propia información sobre el conflicto armado en el estado de Chiapas, sino también para dar seguimiento puntual a periodistas y medios que brindaban cobertura desde la capital de la República.

Análisis minuciosos de los contenidos de periódicos como La Jornada, El Universal y Reforma, así como del semanario Proceso, fueron parte de la estrategia comunicacional de los militares, para alertar al alto mando sobre las tendencias informativas de estos medios.

La estrategia incluyó también la "contratación" de algunos reporteros, quienes recibieron rango militar para el simple efecto de cobrar en la nómina y así poder servir a los intereses militares, de lo contrario, serían dados de baja inmediatamente, además de que no contaban con plenos derechos de soldado, por tratarse de civiles.

De esta forma, el gobierno mexicano actuó con plena libertad para controlar a los medios de comunicación a través de este espionaje a medios y periodistas, espionaje que probablemente continúe.

Muestra del espionaje en México, son las fichas de los periodistas mexicanos vigilados por el Ejército y un documento de la Secretaría de Defensa donde se desarrolla la estrategia de incluir a reporteros en sus nóminas con rango militar.

Un proceso de transición muy intenso

La evolución ha sido lenta y ha tenido que sortear los obstáculos propios de una "dictadura perfecta", como calificara a México, el escritor Mario Vargas Llosa. Amordazados a menudo por los excesos propios de un partido hasta ahora todopoderoso -con más 70 años en el poder- a los medios de comunicación del país nos les ha resultado fácil salir del letargo en el que se hallaban sumidos no sólo por las presiones y censura oficial, sino en buena medida por la autocensura.

"Ciertamente, la relación prensa-gobierno ha variado substancialmente en los últimos 10 años", comenta Angélica Pineda del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), quien explica que se redujo el control económico derivado de la dotación de papel para los medios impresos -que son los que finalmente imponen la línea de opinión en este país"- con la entrada en vigor del TLC y la libre importación.

Se ha visto reducido también, según Pineda, una práctica antiguamente extendedida: la "compra" de periodistas. "Ya no es tan grosero que los periodistas estén en las nóminas de las dependencias y que se les de su chayote, su chayo, su sobre chico, como se conocen en el argot periodístico. No digo que no exista pero ya es un poco más difícil o se tiene que hacer de una manera más sutil".

Jorge Zepeda Patterson, subdirector del diario El Universal, señala, por su parte, que "la prensa mexicana ha vivido un proceso de transición muy intenso, desde el cliché de una prensa maniatada –con excepciones- por la publicidad oficial, el control del papel, el enorme peso del Estado y por el carácter discrecional de las leyes que rigen los medios impresos, que datan del año 1917".

Zepeda, quien forma parte de la Sociedad de Periodistas, sitúa el punto de inflexión "en el transcurso de los ochentas y afirma que hoy en día ya se puede hablar de una prensa independiente. "Más que por mérito de la propia prensa o por una graciosa concesión del Estado mexicano, lo atribuiría a la demanda de la propia opinión pública, a la demanda del mercado".

La Red de Protección a Periodistas, de la que es miembro Angélica Pineda, documenta los actos que pueden implicar inhibiciones a la libertad de expresión. Apuntan que en el actual sexenio han disminuido los asesinatos de periodistas y las amenazas de muerte en comparación con el pasado gobierno de Carlos Salinas, pero "están repuntando los citatorios a reporteros para que revelen sus fuentes e información relativa a las investigaciones que realizan".

Prensa escrita vs. TV

En México, es prácticamente imposible obviar la distancia que separa a los diarios de la televisión. La independencia de criterio exhibida de manera general por la prensa escrita puede llegar a ser en momentos tan notable como la visión institucional de los noticieros de las dos principales televisoras del país: Televisa y TV Azteca.

Tal desbalance se origina, según Zepeda, en la naturaleza misma de los medios de comunicación y en las leyes que los rigen. "Uno puede organizar con cierta facilidad mientras que los medios electrónicos dependen de concesiones, vinculadas a la Secretaría de Gobernación. Se ha usado, por supuesto, estas atribuciones de vez en vez, suficientes para pasar la señal al concesionario de cuidar los contenidos".

Aunque rezagada en el proceso de apertura, la televisión muestra sin embargo ciertos avances significativos, debido al enorme impacto que tiene, "hay una presencia de la oposición impensable hace 6 o 7 años", resalta Zepeda.

La apertura es un proceso "que se está dando y que parece irreversible por lo menos en lo esencial", concluye, "pero no terminará de cuajar por completo hasta que no sea revisado este asunto de las concesiones y, de alguna manera, en prensa el tema de las leyes contra la difamación".

Según la Red de Protección a Periodistas, "han aumentado notablemente las acusaciones por difamación por parte de funcionarios públicos y las acusaciones por calumnia". Pineda estima que "el hecho de que el secreto profesional no esté garantizado legalmente implica un serio riesgo para los periodistas. Aparte de lo que implica meterte a investigar información que puede ser muy espinosa –narco, corrupción- todavía tienes que enfrentar la posibilidad de que una procuraduría te llame para que desprotejas a tus fuentes".

Resalta que los periodistas deben enfrentarse además a absurdos derivados de la Ley de Imprenta, "tan obsoleta que incluso fue reglamentada antes de la Constitución de 1917", y que estipula –entre otras cosas- que "un periodista puede ser acusado por difamación por un hecho que haya revelado, sea cierto o falso, siempre que se compruebe que actuó con dolo, es decir, que difundiste la información con ánimo de perjudicar a esa persona". Y aunque está planteado un nuevo proyecto de ley ante el Congreso, no hay mayores esperanzas de que sea aprobado durante el actual gobierno.

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