CPJ: Ataques a la prensa en 2010

El retorno de la censura en América Latina

Carlos Lauría *

Conocido como el clan político preeminente del estado nororiental de Maranhão durante más de 40 años, la familia Sarney está habituada a salirse con la suya en la vida cívica de Brasil. De modo que cuando uno de los principales diarios nacionales, O Estado de S. Paulo, publicó en junio de 2009 acusaciones que vinculaban a José Sarney, titular del Senado y ex presidente de la nación, con un escándalo de nepotismo y corrupción, su familia no se quedó con los brazos cruzados. Los Sarney recurrieron a un juez en Brasilia y obtuvieron una orden judicial que impidió a O Estado publicar cualquier informe sobre dichas acusaciones. Dieciocho meses después, a fines de 2010, la prohibición seguía en vigencia a pesar de las protestas locales e internacionales.

Los informes publicados en federal- acusaban a O Estado -basados en parte en transcripciones que se filtraron de conversaciones telefónicas interceptadas en el transcurso de una investigación Sarney de usar su posición en el Senado para conceder empleos y otorgar aumentos salariales a amigos y familiares. El fallo del juez, una orden de amparo dictada sin escuchar los argumentos esgrimidos por el diario, se convirtió en la más notoria entre numerosas instancias recientes en las que tribunales brasileños usaron mecanismos de censura.

La constitución brasileña garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura, a pesar de lo cual cientos de demandas han engrosado los expedientes judiciales en los últimos años, presentadas por empresarios, políticos y funcionarios públicos que aducen haber sido ofendidos en su honor o invadidos en su privacidad por periodistas críticos, según revela la investigación del CPJ. En estos casos, los demandantes buscan, en general, fallos que prohíban a los acusados publicar más información o bien los obliguen a retirar material ofensivo publicado en la Internet.

Brasil figura entre varios países latinoamericanos donde la censura está creciendo, según revela el análisis del CPJ. En Venezuela, un tribunal prohibió que los medios locales publicaran imágenes de crímenes violentos en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre. La decisión se produjo tras años de fallos regulatorios politizados que sacaron del aire a emisoras venezolanas de radio y televisión críticas del gobierno. En Ecuador, cuando una rebelión policial en septiembre generó agitación política, el gobierno del Presidente Rafael Correa ordenó que las estaciones de radio y de televisión detuvieran su programación para transmitir exclusivamente la señal de los canales estatales. Al mando de Correa, quien ha calificado a los medios como "provocadores" y "mentirosos", el gobierno también censuró, en otras ocasiones, a Teleamazonas, la emisora ecuatoriana más crítica del gobierno.

En vastas áreas de México y Honduras, que están fuera del control de las autoridades, los periodistas están ejerciendo autocensura sobre temas esenciales como el crimen y la corrupción por temor a convertirse en blanco de represalias. La prensa se ve impedida de informar sobre delitos que comprenden desde tiroteos en las calles hasta corrupción municipal.

La censura en América Latina alcanzó uno de sus puntos más altos desde el proceso de democratización regional 30 años atrás, revela el análisis del CPJ. Aunque la censura no llega a los niveles alcanzados en la era de las dictaduras militares, cuando numerosos periodistas eran "desaparecidos" y las fuerzas armadas dictaban qué podía informarse, su resurgimiento es sumamente preocupante.

"Como testigo de los efectos de la censura en los años '70 y '80, tan flagrante como pavorosa, tengo la sensación de que la censura de hoy es mucho más insidiosa", indicó June Carolyn Erlick, ex corresponsal en América Latina y actual directora de publicaciones en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. "Uno nunca sabe de dónde proviene la censura, si a través de amenazas, ataques en las calles, nuevas leyes, o falta de acceso a la información. Las amenazas siempre están allí y a veces conducen a la autocensura inclusive antes de que la censura comience".

Como parte de una investigación llamada "Operação Faktor", la policía federal brasileña registró cientos de horas de conversaciones telefónicas en las cuales Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, discutía cuestiones legislativas y de negocios. O Estado publicó artículos basándose en las transcripciones filtradas de más de 300 horas de conversaciones que involucraban al joven Sarney, el foco de una investigación federal en marcha. "La investigación reveló que un senador y familiares cercanos a él negociaban puestos de trabajo y beneficios como si el Senado fuese una empresa privada", comentó Marcelo Beraba, editor de O Estado. Y el diario recién comenzaba con esta investigación.

Pero el 31 de julio de 2009, los Sarney convencieron al Juez Dácio Vieira para que emitiera una orden judicial prohibiéndole al diario informar sobre cualquier aspecto de la investigación. Vieira sostuvo que el periódico sería penalizado con una multa de 150 mil reales (88 mil dólares estadounidenses) por cada nota publicada sobre el caso, y amplió la prohibición a todo otro medio que volviera a publicar los artículos de O Estado. El juez dictó la resolución un día después de que los Sarney presentaran su petición sin ofrecer audiencia. A diferencia de la mayoría de los asuntos civiles, no había ningún juicio subyacente, como por ejemplo una demanda penal por difamación; los Sarney sólo buscaban la prohibición de la publicación. El periódico ha apelado el fallo ante el Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal de justicia, y ha seguido informando sobre el caso Sarney con la esperanza de poder publicar sus hallazgos algún día. No se espera una resolución del tribunal hasta mediados de 2011.

La prohibición generó una amplia cobertura en la prensa brasileña e internacional, que tal vez haya reducido la censura. "Creo que Fernando Sarney no presentó ninguna otra acción en la justicia contra otros medios debido al impacto extremadamente negativo que tuvo la prohibición contra O Estado en la opinión pública", indicó al CPJ Mariana Uemura Sampaio, asesora jurídica del diario. El caso desató un enérgico debate sobre la censura judicial en Brasil, la necesidad de realizar informes investigativos sobre la corrupción política y la ética en la filtración de material de investigación a la prensa.

En Venezuela, la ola de violencia figuraba entre las preocupaciones principales del público en las semanas previas a las elecciones parlamentarias de septiembre. Ante la ausencia de estadísticas oficiales, organismos de control estiman que unas 16 mil personas son asesinadas cada año. El 13 de agosto, el diario El Nacional de Caracas tocó la sensibilidad de los preocupados lectores al publicar una foto de archivo mostrando cadáveres apilados en una morgue local para ilustrar el creciente nivel de violencia en un informe de primera página. También irritó al gobierno del Presidente Hugo Chávez.

Chávez calificó a la fotografía como "pornográfica"--los cadáveres, por supuesto, se hallaban sin ropas--, y un tribunal que habitualmente trata asuntos juveniles de pronto resolvió que El Nacional no podía publicar "imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas". La resolución del tribunal alegó que dicho material podría ser perjudicial para los niños. En una muestra de solidaridad, el diario crítico Tal Cual volvió a publicar la fotografía de la morgue el 16 de agosto, generando un segundo y más amplio fallo por parte del tribunal juvenil. Esta vez el tribunal prohibió a todos los medios gráficos venezolanos publicar imágenes de violencia durante un mes.

La protesta pública limitó los daños, según Ewald Scharfenberg, director ejecutivo del grupo de libertad de prensa IPYS Venezuela. Al enfrentar la condena local e internacional --incluyendo objeciones de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas-- el tribunal levantó la prohibición contra todos los medios dos días después y permitió que El Nacional reanudara la cobertura informativa escrita sobre la violencia. Sin embargo las prohibiciones en relación a las fotografías seguían en pie contra El Nacional y Tal Cual hacia fines de año. Tal Cual hizo alusión a fotografías que no podía publicar para acompañar ciertas notas informativas, en tanto que El Nacional rediseñó su logo de tapa, reemplazando la "o" en su nombre con un rostro cuya boca se muestra vendada. En todo caso, comentó Scharfenberg, el episodio produjo mayor cobertura informativa sobre crimen e intensificó la atención pública sobre este problema.

La censura también puso de relieve la campaña sistemática del gobierno de Chávez para reprimir el disenso. Las autoridades hicieron uso de sus atribuciones regulatorias sobre el espacio radioeléctrico para cerrar decenas de emisoras radiales críticas en 2009 y, dos años antes, para quitarle la licencia a RCTV, la televisora más antigua del país y una de las más críticas de Chávez. Las autoridades venezolanas fracasaron, de modo sistemático, en su intento de realizar revisiones imparciales y transparentes de las licencias de radiodifusión, reveló la investigación del CPJ, a menudo adoptando decisiones predeterminadas y motivadas políticamente. En diciembre de 2010, la Asamblea Nacional adoptó medidas que permiten a los entes reguladores tener aún más libertad de acción para revocar licencias, al tiempo que les permite prohibir contenidos que "falten el respeto a las autoridades".

"El gobierno ha logrado silenciar gradualmente las voces críticas a través de una campaña de intimidación selectiva, el uso discriminatorio de recursos del estado y el cierre de emisoras independientes", afirmó Phil Gunson, veterano corresponsal de la revista The Economist y el diario The Miami Herald. "Las implicancias para la democracia venezolana son perturbadoras ya que mucha gente tiene acceso sumamente limitado a cualquier voz que no sea la del gobierno".

En Ecuador, la administración del Presidente Correa intentó reemplazar las voces independientes con la del propio gobierno. El 30 de septiembre, cuando cientos de policías protagonizaron violentas protestas a nivel nacional debido a planes para reducir el pago de beneficios salariales, la Secretaría de Comunicaciones ordenó a las emisoras de radio y televisión que interrumpieran sus programas para transmitir programación de la emisora estatal Ecuador TV. Las redes nacionales Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno interrumpieron sus emisiones cerca de las 2 p.m. y comenzaron a transmitir la programación del canal gubernamental. Ecuador TV realizó una cobertura periodística desde el punto de vista del gobierno, mostrando entrevistas con una serie de altos funcionarios, según informaron periodistas locales. Seis horas después, la secretaría levantó la orden y las emisoras retornaron a su programación habitual.

La orden pareció violar la ley ecuatoriana. Durante el estado de emergencia, declarado por la administración, el presidente y los integrantes del gobierno están autorizados para interrumpir la programación con el fin de transmitir mensajes oficiales. Pero ni Correa ni el gobierno transmitieron ningún mensaje, afirmaron los periodistas. En su lugar, el decreto interrumpió la cobertura informativa de los medios independientes que fue reemplazada con información aprobada por el gobierno, privando a los ecuatorianos de contar con fuentes diversas en un momento crucial. (Las protestas fueron tan caóticas que, en determinado momento, los policías rebeldes mantuvieron a Correa cercado y sin poder salir de un hospital durante 12 horas).

En octubre, la oficina de comunicaciones del presidente ordenó a Teleamazonas a emitir una cadena del gobierno en medio de un programa de entrevistas conducido por la analista crítica María Josefa Coronel, según informes de noticias. Teleamazonas, una cadena televisiva privada de Quito conocida por su dura oposición a las políticas de Correa, se vio obligada a salir del aire durante tres días a fines de 2009 luego de que el ente regulador hallara que la emisora había "incitado al desorden público" con una nota sobre el efecto que la exploración de gas natural cerca de las costas de la sureña isla de Puná tendría en la industria pesquera local.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, un grupo local defensor de la libertad de prensa, afirmó que la intolerancia del gobierno de Correa ante la crítica estaba creando una atmósfera de intimidación y autocensura. "En el actual clima, se ha vuelto muy difícil para los periodistas trabajar libremente sin interferencia del gobierno", indicó. "Existe mucho mayor acoso oficial contra la prensa crítica y los periodistas están recurriendo a la autocensura".

La censura fue un pilar fundamental de las dictaduras y los gobiernos autocráticos que dominaron la región durante 30 o más años. Las fuerzas armadas asesinaron e hicieron desaparecer a periodistas en Argentina, creando un clima de temor que silenció a la prensa. La dictadura de Pinochet en Chile encarceló, torturó e hizo desaparecer a periodistas mientras imponía la censura en la cobertura informativa. Oficiales del ejército brasileño dictaban lo que editores de medios gráficos y ejecutivos de emisoras podían escribir o transmitir. En Paraguay, Uruguay, Panamá y Haití las reglas eran sencillas. No se permitía ningún tipo de prensa independiente y todos los periódicos estaban sujetos a confiscaciones.

Mientras el resto de la región registró profundos cambios en las últimas tres décadas, el gobierno cubano conservó su estricto régimen de censura. La constitución del país otorga al Partido Comunista el derecho a controlar la prensa; reconoce la libertad de expresión y de prensa "conforme a los fines de la sociedad socialista". Todos los medios funcionan bajo la supervisión del Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista, que desarrolla y coordina estrategias de propaganda. Los periodistas independientes son hostigados, detenidos, encarcelados o se les prohíbe viajar al exterior. Durante gran parte de la última década, Cuba ha figurado entre los países con mayor número de periodistas encarcelados en el mundo. Mientras las políticas cubanas son una reliquia del pasado, la represión en otras zonas de la región plantea un mal presagio para el futuro.

La reciente escalada en casos de censura en la región está vinculada con el abuso gubernamental de recursos legales y regulatorios, según Silvio Waisbord, profesor asociado y director de programas de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad George Washington. A medida que las tácticas han evolucionado, Waisbord observa un paralelo entre la censura actual y la que se ejercía en época de las dictaduras. Igual que en el pasado, comentó Waisbord, "el resultado es un efecto inhibidor en los medios que a menudo limita la cobertura informativa sobre cuestiones de interés público".

Otra forma de censura, por temor a la violencia, se afianzó en la región, mientras el crimen organizado, la corrupción y la falta de orden público se extienden en áreas de México y América Central. Una autocensura generalizada ha sido la devastadora consecuencia de la violencia letal ejercida por los carteles de la droga y por los grupos criminales. Decenas de asesinatos y desapariciones, ataques con bombas y múltiples amenazas han llevado a periodistas y medios de prensa mexicanos a abandonar no sólo el periodismo de investigación, sino también la cobertura informativa básica sobre el crimen. En zonas donde grupos de narcotraficantes rivales se disputan territorio, los periodistas se han visto obligados a escribir lo que los criminales ordenan o simplemente han dejado de informar. "Se ha acuñado una nueva palabra en el léxico de la guerra contra el narcotráfico en México: la narcocensura", señaló el diario Los Angeles Times en un artículo publicado en agosto.

No hubo lugar donde esta situación se reflejara con más evidencia que en la ciudad fronteriza de Reynosa, estado de Tamaulipas, donde el cartel del Golfo ordena qué se puede informar y qué no, según reveló el CPJ en un informe especial publicado en septiembre y titulado "Silencio o muerte en la prensa mexicana". La sangrienta guerra entre narcotraficantes siguió durante meses, pero los medios ignoraron los hechos por temor. El cartel controló casi todos los aspectos del gobierno de la ciudad, señalaron periodistas al CPJ, pero los periódicos no pudieron informar sobre esto a sus lectores.

"En México, la censura producto de la violencia está generando un efecto similar a lo que ocurrió en Colombia", agregó Waisbord. "El gobierno no logra garantizar el estado de derecho". La autocensura ha sido dominante durante el conflicto civil de cinco décadas en Colombia; periodistas y editores temían represalias de todos los actores armados. Al inicio de los años '80, durante el auge de los carteles de la droga colombianos, los medios locales unieron fuerzas para investigar y denunciar la violencia criminal de los capos del narcotráfico. Tanto la violencia como la autocensura han retrocedido en Colombia en la última década, aunque sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para la prensa.

Organizaciones criminales y la impunidad han obligado a la prensa a silenciarse también en otros países de América Central. Una ola de violencia letal que produjo la muerte de nueve reporteros en Honduras, al menos tres de ellos en represalia por su labor informativa, ha promovido una autocensura generalizada en los medios locales. Las autoridades hondureñas han minimizado los crímenes y se han mostrado negligentes en la persecución de sus autores. En julio, un informe especial del CPJ reveló que el gobierno del Presidente Porfirio Lobo estaba fomentando un clima de intimidación y censura, al permitir a los criminales asesinar con impunidad.

Tres décadas de democratización en América Latina no promovieron las reformas judiciales y legales necesarias para proteger la libertad de prensa. A medida que la ilegalidad se extiende en vastas áreas del hemisferio, sistemas judiciales disfuncionales no han logrado enjuiciar a los responsables de ataques contra la prensa, creando un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia. Algunos líderes elegidos democráticamente, al mismo tiempo, han mostrado un marcado desprecio por las instituciones democráticas al abusar de los recursos estatales para reprimir el disenso y silenciar a los críticos. En ciertos casos, prominentes figuras hicieron uso de una justicia politizada para invalidar garantías constitucionales de libertad de expresión.

El consiguiente aumento en el nivel de censura -ya sea producto de la represión gubernamental, la interferencia judicial, o bien por la intimidación de grupos criminales- está socavando la capacidad de la prensa latinoamericana para cumplir con su labor informativa. A medida que el número de voces críticas y el periodismo de investigación se reducen, los temas de importancia internacional como el narcotráfico, la corrupción y los abusos a los derechos humanos están recibiendo poca cobertura o ni siquiera son cubiertos por la prensa.

Como un primer paso imprescindible para combatir estos problemas, la prensa puede dejar atrás sus diferencias y unirse para crear un frente común. "Los periodistas pueden luchar contra la censura uniéndose tanto en grupos nacionales como a través de las fronteras", sostuvo Erlick, la ex corresponsal actualmente en Harvard. En Venezuela, por ejemplo, indicó Scharfenberg, la prensa todavía debe reaccionar en forma unida cuando los periodistas críticos son excluidos de las conferencias de prensa, edificios gubernamentales y eventos oficiales. "Estas decisiones discriminatorias y arbitrarias sólo pueden terminar si se produce una fuerte reacción de una prensa unida", afirmó.

Cuando los grupos de crimen organizado amordazan a la prensa en regiones de México, los medios nacionales pueden tomar la iniciativa expresando su total respaldo a sus colegas. Los periodistas de grandes centros urbanos pueden identificar y dar amplia publicidad a los problemas que afectan a la prensa regional. Este tipo de cobertura informativa de alto perfil atraerá la atención internacional y ejercerá presión sobre el gobierno federal para garantizar el derecho constitucional a la libre expresión. Y en todo el territorio de América Latina, los periodistas pueden aprovechar la tecnología nueva y la tradicional para generar conciencia pública de que la censura no sólo perjudica a la prensa, sino que priva a toda la sociedad del derecho a la información y a la libertad de expresión.

* Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, es co-autor del informe especial del CPJ "Silencio o muerte en la prensa mexicana", publicado en 2010.