Libertad de expresión y de prensa: ¿hacia dónde caminar?

Centro Nacional de Comunicación Social

El secuestro y la posterior liberación de cuatro periodistas en el estado de Durango (norte), en el marco de una cobertura periodística, ha llevado al centro del debate público el contexto en el que se ejerce el periodismo en México. Televisa y Multimedios, dos medios de alcance nacional, se vieron en la tesitura de responder a las exigencias de los secuestradores, supuestamente miembros del crimen organizado, que influyeron en su línea editorial antes de liberar con vida a los periodistas. Si bien es cierto que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación han ido en aumento, no estamos ante una situación novedosa.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) fue la primera organización de denuncia a las agresiones contra periodistas en México, iniciando esta actividad a mediados de los años setenta; busca promover la libertad de expresión y en específico la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad de recibir información.

Desde 2000, al menos 57 periodistas han muerto y 10 permanecen desaparecidos. Sólo entre 2009 y lo que se lleva de 2010 se contabilizan, al menos, 17 asesinados y dos desapariciones. En un 60% de estos casos una de las hipótesis principales vincula las agresiones con el trabajo periodístico que desarrollaban las víctimas, que daban cobertura a temas relacionados con el narcotráfico y la corrupción política. Destaca también que se trata de muertes y desapariciones de periodistas de ámbito local.

Este caso de Durango, como lo sucedido en Tamaulipas en marzo, pone en evidencia un fenómeno nuevo: no está siendo posible obtener información detallada y completa de los casos. Persisten varios vacíos de información. Sin duda esto está condicionando el trabajo de las organizaciones civiles dedicadas a documentar las agresiones en contra de la libertad de expresión debido, entre otras cosas,a la desconfianza e incertidumbre que vive el gremio periodístico. Esto no sólo impide una denuncia pública motivada sino también establecer cuales son los mecanismos apropiados para asistir a las víctimas y sus familiares y proveerles de la seguridad necesaria frente a nuevas agresiones.

Crimen organizado: el actor incómodo

El contexto de violencia actual se debe, entre otras cosas, a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Felipe Calderón en su “lucha contra el narcotráfico”. Los intereses de los grupos del crimen organizado, que se enfrentan por el control territorial, están afectando también la cobertura informativa y condicionando los contenidos difundidos por los medios de comunicación.

Sin embargo, el análisis detallado de algunos casos ha permitido concluir que no es posible considerar a los grupos del crimen organizado como actores fuera de la responsabilidad del Estado. Entre otras cosas porque estos grupos han infiltrado las estructuras del Estado en los diferentes niveles de gobierno y actúan amparados o en colusión con los poderes públicos.

El secuestro de los cuatro periodistas el pasado 26 de julio se produjo cuando estos venían de cubrir las protestas de los internos del Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio, Durango, que demandaban la reinstalación la directora del penal, acusada de permitir que narcotraficantes salieran de la prisión armados y en vehículos oficiales para asesinar a miembros de grupos rivales. Su liberación estuvo condicionada a la publicación de una serie de videos que pretendían denunciar la corrupción de funcionarios locales con un grupo del crimen organizado rival.

¿Qué políticas de Estado existen y faltan?

La respuesta del Estado está siendo insuficiente, a pesar del crecimiento del número de agresiones, de su gravedad, de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de las denuncias de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. No existen mecanismos para prevenir nuevos ataques ni proteger a periodistas y medios de comunicación en situación de riesgo; no existen tampoco acciones que garanticen la justicia.

La actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue ampliamente cuestionada por no aplicar los protocolos de actuación que requieren los casos de secuestro o desaparición forzada. Este organismo autónomo, no jurisdiccional, emitió un comunicado a las pocas horas del secuestro sin considerar que podía poner en riesgo la vida de los periodistas. Este es un ejemplo de como la CNDH por medio del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, que fue creado desde 1991, no ha logrado entender la magnitud y evolución de la problemática.

Desde la Secretaría de Gobernación (Segob), el recién instalado secretario Francisco Blake Mora insistió en la tesis gubernamental de que “el crimen organizado es la mayor amenaza para los derechos humanos” en el país y también para los periodistas. Con estas afirmaciones el gobierno no está asumiendo que es responsabilidad de Estado mexicano la investigación y sanción de los responsables de las agresiones, también cuando están implicados grupos del crimen organizado, y que esto debe hacerse acorde con los instrumentos internacionales como la Convención de Palermo.

Existe una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República (PGR) encargada de investigar las agresiones en contra de la libertad de expresión. El desempeño de la FEADLE ha sido criticado por la falta de resultados, a pesar de que fue reformada recientemente. No hubo en este caso claridad sobre cual fue su participación en las investigaciones. La liberación de los dos últimos periodistas el 31 de agosto estuvo a cargo de la Policía Federal. El Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, apareció públicamente en una rueda de prensa con los periodistas e informó de que al parecer los captores habrían logrado escapar.

Es claro que lo ocurrido se vincula al ejercicio de la libertad de expresión, sin embargo dentro del marco institucional de la PGR, corresponde a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada investigar por ser supuesto responsable el crimen organizado. Así nos preguntamos ¿Qué tipos de casos puede atender la Fiscalía? Es de conocimiento público que los casos son “turnados” a otras dependencias por ser enviados a la SIEDO o por ser del militar, o no aceptados por no tener ámbito de competencia por ser del fuero común.

La incertidumbre de medios y periodistas

En este caso, fueron los medios de comunicación de cobertura nacional los que tuvieron que enfrentar una situación que, aunque no lo parezca, no es novedosa para muchos medios locales. Denise Maerker suspendió su programa semanal Punto de partida en Televisa el jueves 29 por la noche, “porque no estamos dispuestos a fingir que no está pasando nada”, y Ciro Gomez Leyva, director editorial adjunto del Grupo Editorial Milenio, denunció que no le corresponde a un medio negociar el rescate de un secuestro.

El debate entre periodistas sobre si era o no oportuno informar del caso se hizo visible en redes como Twitter y Facebook durante la semana. Se apeló a la solidaridad y las acciones conjuntas del gremio y de los medios. Varias iniciativas se empezaron a impulsar para prevenir y contener la violencia y, también, exigir una respuesta de estado. Destaca el llamado a una manifestación amplia e incluyente bajo el lema “Los queremos vivos: Por tu derecho a saber y mi derecho a informar” el próximo 7 de agosto en la Ciudad de México.

¿Hacia dónde caminar?

Pero… ¿Cómo prevenir las agresiones y proteger a periodistas y medios? ¿Cómo acabar con la impunidad? ¿Cómo garantizar que la ciudadanía tenga información diversa, objetiva, plural, oportuna y veraz sobre lo que sucede? ¿Cómo contribuir, finalmente, a que los y las ciudadanas puedan tomar decisiones informadas, derecho fundamental en toda sociedad que se quiera democrática?

Desde la mirada de Cencos, como observador y analista del fenómeno y de los actores implicados, las respuestas tienen que venir desde varios frentes. Diversas iniciativas ya han intentado conjugar esfuerzos a lo largo de estos años, con mayor o menor éxito, pero convencidas de que la solución no vendrá de un solo actor. Ante la complejidad del problema la respuesta tiene que ser conjunta.

¿Será este caso el que rompa el silencio, el punto de inflexión esperado para revertir este fenómeno? ¿O tan solo formará parte del recuento de agravios y, tal vez, se convertirá en el inicio de las agresiones en contra de periodistas de fuente nacional?

Estado: Prevenir y proteger, investigar y sancionar.

El Estado debe de tener mecanismos eficientes para prevenir las agresiones y proteger a periodistas y medios de comunicación. ¿Cómo hacer para que el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH sea realmente eficaz? ¿Cuánto muertos más necesita el ejecutivo para impulsar, con la voluntad política que se requiere, un mecanismo ad hoc que proteja a periodistas y medios de comunicación en situación de riesgo?

¿Es la Fiscalía Especial el órgano adecuado para investigar los asesinatos, desapariciones, amenazas y demás agravios por el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa? ¿Cuántas recomendaciones más de organismos internacionales de derechos humanos necesita el Estado para actuar? Esto tomando en cuenta la visita oficial de las relatorías sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 9 al 24 de agosto.

El poder legislativo debe formar parte de la solución. ¿Piensa que se puede atajar el problema sin generar el marco legal adecuado? ¿Cuánto tiempo más se debe esperar para que federalice las agresiones contra la libertad de expresión, dote de recursos económicos al Ejecutivo para generar mecanismos de protección o legisle de manera integral sobre medios de comunicación y telecomunicaciones?

Y el olvidado poder judicial, ¿por qué no se asegura de que jueces y juezas apliquen en la impartición de justicia jurisprudencia internacional con los más altos estándares de protección a los derechos humanos y, en particular, a la libertad de expresión y prensa?

Periodistas: Solidaridad

El ejercicio de la libertad de expresión no es privativo de los periodistas. Pero son periodistas y comunicadores y comunicadoras en general quienes utilizan este derecho cotidianamente en sus tareas de investigar, recopilar y difundir informaciones necesarias para la sociedad. ¿Cómo hacer para que sean las y los periodistas quienes reaccionen, visibilicen y denuncien las agresiones que sufren? ¿Cómo deben cobijarse mutuamente y capacitarse para reaccionar en contextos cada vez más adversos?  ¿Cómo reaccionar ante las agresiones que sufren las y los periodistas de los medios locales? Cabe mencionar que ante el posible secuestro de un periodista en el estado de Zacatecas (norte) en días anteriores, no ha existido una reacción al mismo nivel.

Pero también surgen otros temas vinculados a los contenidos: ¿Cómo dar cobertura a los temas de violencia, narcotráfico y corrupción política? ¿Cómo retomar los temas de cada compañera o compañero agredido para que no se rompa la cadena informativa? Cómo hacer, en definitiva, un periodismo cada vez más responsable socialmente, de manera que la ciudadanía en su conjunto se sienta identificada con el gremio y se solidarice con él exigiendo su derecho a estar informada.

Dueños de los medios de comunicación: Condiciones para sus trabajadores y trabajadoras

Sin duda el papel de los dueños de los medios de comunicación resulta fundamental. El poder económico y político de algunas empresas mediáticas ha sido capaz de condicionar algunas leyes en el país, haciendo valer sus intereses empresariales. En este caso, sin embargo, los dueños no se han posicionado ante los hechos. ¿Dónde está su fuerza, su compromiso periodístico y su voz frente a la sociedad y el estado para exigir la protección necesaria y la investigación de las agresiones de sus trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué se resisten los medios de comunicación a generar códigos de ética periodística que protejan a sus periodistas, dándoles certeza en su trabajo cotidiano? ¿No son las empresas mediáticas las encargadas de darles también la protección, incluyendo las condiciones laborales adecuadas para su desempeño profesional?

Sociedad civil: La defensa del derecho a estar informado

La reacción de la ciudadanía se hará patente cuando sientan que con cada agresión se vulnera su derecho a recibir información oportuna, objetiva, plural y veraz. Cuando sientan que la información que falta impide tomar las decisiones políticas adecuadas.

Las organizaciones que durante años llevan trabajando el problema debemos seguir empujando la agenda de libertad de expresión, obligando a los actores estatales a cumplir con los compromisos adquiridos y abriendo espacios amplios de discusión. ¿Cómo coadyuvar en esta solución conjunta si no se visibilizan y denuncian las agresiones tanto a nivel nacional como internacional, ante la falta de condiciones para documentar los casos, la falta de difusión por parte de los medios y el hecho que los y las periodistas no están asumiendo en general sus propios casos?

¿Cómo hacer, finalmente, para que periodistas y medios de comunicación dispongan de las herramientas de los derechos humanos, se apropien de ellas y las utilicen para protegerse y exigir justicia?

En este escenario la tarea es  ardua pero debe ser compartida con corresponsabilidad.