Cien años de subordinación

Un modelo histórico de la relación entre
prensa y poder en México en el siglo XX

José Carreño Carlón *

Me entusiasmó este simposium desde las primeras dos líneas de la inicial carta de invitación de Claudio Lomnitz. Me entusiasmó la idea de hablar de una "historia social y cultural del periodismo mexicano", como una forma de aproximación mexicana al subtítulo del libro de Michael Schudson, Discovering the News: A Social History of American Newspapers.

Pero que Claudio y Michael me perdonen, porque sólo hasta aquí podría llegar mi intento de aproximación. De aquí en adelante más bien me tendré que referir a las enormes distancias que separan al periodismo mexicano del norteamericano.

El "periodismo moderno" que, dice Schudson, en Estados Unidos encuentra su origen "en la emergencia de una sociedad democrática de mercado", en el primer tercio del siglo pasado, difícilmente podría surgir en un México en el que quizás sólo podamos ver consolidada una "sociedad democrática de mercado" hacia el primer tercio del siglo próximo.

Por lo pronto, lo más aproximado a la etapa norteamericana de "discovering the news" que tenemos en México es una mezcla de "manufacture of news", en el sentido que le da Stanley Cohen en el libro de ese nombre, y "news management", en el sentido de que la mayor parte de los grandes "descubrimientos" informativos de la prensa mexicana suelen ser "construcciones" preparadas con mucha frecuencia en oficinas de manejo de información desde la perspectiva del poder o de los poderes en pugna.

De todas maneras, como una muestra de la buena voluntad de la Universidad Iberoamericana a la Universidad de Chicago, en la primera parte de este trabajo intento aplicar a México, a manera de comparación o, más bien, de contraste, algunos rasgos y valores atribuidos por Schudson a la historia social del periodismo en Estados Unidos.

En una segunda parte trataré de mostrar la existencia, en México, de un modelo histórico, estructural de relaciones de subordinación de los medios al poder público. También trataré de mostrar que es en función de este modelo y no en función de un simple anecdotario de la corrupción mexicana, como pueden explicarse mejor los grandes rezagos y vicios actuales del periodismo mexicano, o sea: la falta de desarrollo de sus patrones de rigor profesional, de objetividad y de valores éticos, así como su ausencia de reglas a favor de los particulares afectados y su proclividad a privilegiar los requerimientos de control social y los ajustes de cuentas de las élites políticas y empresariales sobre las necesidades informativas de la gente común.

Finalmente, y a pesar de evidencias tan contundentes como las que mostró el cierre de filas del establishment de la comunicación en las recientes elecciones internas del PRI, expondré algunos hechos que permiten establecer que este modelo histórico es un modelo sometido, desde hace un cuarto de siglo, a un lento proceso de extinción. Este proceso de extinción puede atribuirse a crecientes reclamos sociales y a la insistencia de algunos, primero pocos, luego muchos más, periodistas obstinados en probar que hay vida más allá del modelo tradicional de control. Adicionalmente, el presente proceso de extinción de este modelo puede atribuirse también a la apertura y al aflojamiento selectivo de los controles tradicionales por parte de funcionarios y gobernantes con mentalidad más abierta y, de manera muy especial, a las repercusiones impuestas al viejo modelo de relación entre el gobierno y los medios, por la apertura y la modernización de la economía del país en los últimos 15 años. Por último, aunque de manera desigual, el modelo ha sufrido algunos cambios en razón de las nuevas leyes e instituciones electorales que sustentan el proceso mexicano de modernización política reforzado a lo largo de esta década.

I.- UNA DIFÍCIL COMPARACIÓN

Empiezo con el intento de esbozar una comparación de la historia social de los periodismos de México y Estados Unidos, siguiendo a grandes rasgos la propuesta de Schudson:

1.-En lugar de aquella cultura política norteamericana de principios del siglo pasado, regida por el poder de pequeñas aristocracias, en México, desde la Independencia, hemos tenido una cultura política regida por el poder unipersonal de caudillos militares, presidentes iluminados, dictadores, y más caudillos y más presidentes todopoderosos, apoyados en los últimos 6 o 7 decenios en una igualmente todopoderosa y todavía incontrastable maquinaria de un partido dominante y avasallador a las órdenes del presidente de la República en turno.

Y si aquella cultura política norteamericana fue reemplazada en Estados Unidos por el ideal y el hecho institucional de la democracia de masas después de los años treintas del siglo pasado, en México el reclamo democrático no se generalizó hasta los años ochentas de este siglo y no encontró respuestas institucionales profundas hasta la presente década de los noventas. Además, esto no significa que hayan desaparecido las inercias avasalladoras del partido dominante ni la cultura caudillista ya sea en el partido en el poder o en los partidos de oposición.

2.-Por otra parte, si bien la economía de mercado ha presidido en los hechos el desarrollo nacional, en México no se ha podido integrar, como en los Estados Unidos desde las primeras décadas del siglo pasado, una cultura generalizada, moderna, democrática de mercado, sin privilegios ni categorías o situaciones especiales. Para seguir un par de ejemplos en los que Schudson basa la sociedad democrática de mercado, en México, hasta principios de esta última década del siglo XX, una buena parte de la tierra, la concentrada en el régimen ejidal, no se podía vender ni comprar con libertad, y hasta el día de hoy subsiste una legislación contraria a establecer salarios en función de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Además, las reformas para liberar el comercio de la tierra fueron convertidas en uno más de los pánicos morales (en el sentido que les da Stanley Cohen en Folk Devils and Moral Panics) activados contra el presidente que las promovió, mientras que las reformas para liberar el mercado laboral, prometidas por el actual gobierno, están detenidas por temor a los altos costos políticos que podría generar el mero hecho de intentar llevarlas adelante. Tampoco se ha implantado en México, como ideología extendida, el valor de la acción individual en la promoción de los intereses propios como vía para generar la riqueza social, otro de los componentes que plantea Schudson para integrar una sociedad democrática de mercado.

3.-A ello hay que agregar que, si el proceso de urbanización de Estados Unidos creó el entorno en el que encontró sus raíces su moderno periodismo, la urbanización de México se dio en condiciones económicas, sociales, políticas y culturales muy diferentes y con poca relación con las raíces de un periodismo de las características del norteamericano. Y todavía se suman a esto las peculiaridades de la historia política mexicana. En el México del siglo pasado hubo periódicos partidistas, liberales o conservadores e incluso socialistas, laboristas y centrados en los negocios, como en Estados Unidos. Pero, a diferencia de los Estados Unidos, en México, decenas de publicaciones, de cortos tirajes y de claros compromisos con los bandos en pugna, nacían y morían en periodos muy cortos de acuerdo a las cambiantes, inestables condiciones políticas y militares impuestas a cada región y al país por los triunfos o derrotas de sus causas o de sus caudillos. Además, desde el punto de vista social, con una población mayoritariamente iletrada y en condiciones de miseria, y con un reducido desarrollo de sus clases medias, el alcance y la influencia de los periódicos mexicanos de aquella época se reducía a una estrecha franja de lectores y sus ofertas se limitaban a un raquítico mercado interno, a diferencia de los penny papers americanos que hacia mediados del siglo pasado, como relata Schudson, se erigieron en voceros de los ideales igualitarios en política, de la vida económica y de la vida social, a través de la promoción del comercio, el desarrollo de la publicidad, el énfasis en las noticias y la provisión de grandes audiencias: en otras palabras, todo lo que Schudson apropiadamente identifica con la construcción de la cultura de una sociedad democrática de mercado, que en México apenas ahora se abre paso, y todavía con algunas penalidades.

4.-También en México, como en Estados Unidos, hacia finales del siglo pasado el periodismo empezó a afirmarse como una industria y como una actividad profesional. Sólo que aquí también podemos encontrar importantes diferencias. Si bien, desde mediados hasta finales del siglo pasado las principales publicaciones mexicanas estaban animadas por algunos de los más importantes hombres de letras de la época, los apremios de la inestabilidad y de la anormalidad políticas no propiciaban el desarrollo de una narrativa propiamente informativa o noticiosa, sino, con mucho mayor frecuencia, una narrativa impregnada de denuncias, de luchas y enconos políticos y de reivindicaciones y compromisos sociales, mientras que, en el frente contrario, florecía la planta más frondosa de la historia cultural del periodismo mexicano: la organización y el financiamiento de publicaciones adictas a los poderes establecidos, una rudimentaria expresión del news management, en los términos planteados por J. Herbert Altschull, en Agents of Power: the Media and Public Policy, para ubicar las prácticas abiertas de patronazgo sobre la prensa utilizadas por los presidentes de Estados Unidos de los años 90s del siglo XVIII a 1860.

5.-Ni el periodismo como entretenimiento ni el periodismo como información llana trascendieron con mayor presencia en el México del cambio del siglo XIX al siglo XX. Tampoco la ideología de la objetividad que marcó en Estados Unidos la consolidación del periodismo moderno. Por épocas se han dado y todavía se dan importantes expresiones y búsquedas de patrones de objetividad y de elaboración de relatos y reportajes al estilo americano. También desde hace décadas, se publican en los medios del país los servicios de noticias, reportajes y entrevistas de las grandes corporaciones informativas norteamericanas y europeas. Igualmente se imitan y se adaptan estos estilos a las necesidades narrativas de los periodistas del país, pero difícilmente se puede hablar de una tradición mexicana comparable siquiera remotamente con la tradición norteamericana en este campo.

6.-Sin perjuicio de los aportes de la imprenta a la emancipación nacional y a la cultura cívica en el siglo XIX, contenidos en las exposiciones de Virginia Guedea y Carlos Forment, una línea importante para la elaboración de una historia social y cultural de los medios en México, en mi opinión, tendría que centrarse en las prácticas de news management, entendidas como aquellas que emplean alguna forma de doblez, como propone Altschull en el trabajo citado, en busca de que lo publicado responda a lo que el interesado desea que se publique. Estas prácticas han sido sostenidas sistemáticamente por la prensa mexicana y sus patrocinadores, desde mucho antes de que se acuñara el concepto.

Vamos a ver: primero, una prensa en gran medida al servicio de los bandos, los caudillos y, en el mejor de los casos, los programas en pugna a lo largo del siglo pasado. Se trata del equivalente de lo que ocurría en Estados Unidos durante "The Partisan Era" y que se suele fechar desde alrededor de 1700 hasta los 1830s, y que en México alcanza sus momentos más brillantes en los años de la Reforma Liberal, entre los cincuentas y los setentas del siglo pasado. Más tarde, volviendo a México, surge un modelo predominante de persecución y supresión de la prensa opositora, y de subvención y subordinación a la prensa adicta al gobierno en la dictadura de Porfirio Díaz, que cubre las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. El modelo se perfecciona y consolida en el México pos-revolucionario, hasta los años setentas de este siglo, al grado de no necesitar, salvo excepcionalmente, de la persecución y la supresión. Finalmente, este modelo entra en un largo proceso de extinción que va de mediados de los setentas de nuestro siglo hasta estos días.

II.- EL MODELO MEXICANO:
100 AÑOS DE SUBORDINACIÓN

Hace poco más de 100 años, "a fines de 1896, apareció El Imparcial de Rafael Reyes Spíndola, periódico que inauguró la etapa del periodismo industrializado en México, bajo la protección oficial", como lo reseña María del Carmen Ruiz Castañeda, la acuciosa historiadora del periodismo mexicano y directora por muchos años de la Hemeroteca Nacional. Los talleres de este diario tuvieron las primeras rotativas y los primeros linotipos que llegaron a México. Surgió del financiamiento directo de la dictadura y operó con base en generosas subvenciones oficiales, que le permitieron llegar pronto a las tiradas tope de los periódicos mexicanos a lo largo del siglo XX, que excepcionalmente han rebasado, por épocas, los cien mil ejemplares. Sólo que, en la época de la dictadura, la población apenas rebasaba los diez millones de habitantes (llegó a 15 millones en 1910), mientras que hoy, cien años después, únicamente un diario afirma certificar su circulación, y la ubica en alrededor de 130 mil ejemplares, nada más que que en un México de cien millones de habitantes, una población entre siete y diez veces mayor a la de principios del siglo.

Adicionalmente, se dio en el México del anterior cambio de siglo, una paradoja que puede resultar inquietante para quienes destacan el valor de los penny papers norteamericanos en la historia social de la prensa de los Estados Unidos: con todos los apoyos oficiales y su moderna organización, El Imparcial, este primer engendro del news management al servicio de la dictadura, se propuso al mismo tiempo ser un penny paper aclimatado a México. No sólo porque costaba un centavo, sino porque pretendía ocuparse de los sucesos cotidianos de la gente con un atractivo toque amarillista para mejor servir al poder.

Para usar la terminología de la Alemania de Bismarck de esa misma época en Europa, aplicada a las mismas prácticas de subvención de periódicos y compra de periodistas, el "fondo de reptiles" que se distribuía entre periódicos y periodistas al servicio de la dictadura porfirista en la penúltima década del siglo XIX, los 1880s, ascendía a un millón de pesos anuales, en paridad de uno a uno con el dólar de aquel tiempo, cantidad que se incrementó en las dos siguientes décadas que todavía duró la dictadura, a fin de impulsar el periodismo industrial a su servicio.

Con el riesgo de entrar en línea de colusión con la ponencia sobre la situación de la opinión pública y el honor de los periodistas en el México porfiriano, para los fines de mi enfoque me atrevería a afirmar que hace cien años México asistía no sólo al nacimiento del periodismo industrial, sino también al incubamiento del modelo de subordinación de la prensa, un modelo consolidado en las primeras décadas de los gobiernos posteriores a la Revolución de 1910-1917, y que, a pesar de todos los cambios que podamos argumentar, sobrevive con algunos de sus rasgos esenciales, cien años después, como uno de los más dramáticos rezagos del proceso de modernización mexicana al arribar al nuevo siglo.

En efecto, ya para 1910, la situación de la prensa mostraba un cuadro que anticipaba los principales rasgos predominantes del modelo mexicano de relación de los medios con el poder público para el resto del siglo que llega a su fin: un grupo de periódicos prósperos o razonablemente prósperos, adictos al régimen, compartiendo y, en ocasiones, disputándose, las subvenciones oficiales. Un grupo de periódicos en trance de desaparición –y que desaparecieron en esos años—por mantenerse al margen de los "fondos de reptiles" y por no contar con recursos para asumir la reconversión industrial de la época, como fue el caso de El Monitor Republicano, que había sobrevivido a varias décadas de luchas civiles, cuartelazos, revoluciones e invasiones extranjeras. Y quedaba también un grupo de periodistas encarcelados o desterrados y algunos periódicos clandestinos que llegaron a tener peso en algunas regiones y grupos sociales a pesar de las condiciones precarias en las que se producían y las circunstancias adversas en las que circulaban.

No creo invadir demasiado el tema de Pablo Piccato Rodríguez sobre el periodismo revolucionario y el contrarrevolucionario si menciono, de pasada, que, inmediatamente después de la dictadura, se da uno de los pocos casos en el siglo en el que la prensa predominante se enfrenta radicalmente al gobierno constituido. Y a esa prensa, que no había enfrentado a la dictadura, le corresponde el dudoso mérito de haber creado el clima de linchamiento que enmarcó el derrocamiento y el homicidio de Francisco Madero, el primer presidente democrático, y para algunos el único, del sigo XX.

Apenas terminaba la etapa armada de la Revolución se daban los primeros, creo yo, inequívocos rasgos, del modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público en el México del Siglo XX.

Vayan unas viñetas sobre el nacimiento y algunas vicisitudes de algunos de los principales medios surgidos en esta etapa, que pasarían a ser rasgos comunes del modelo a lo largo del siglo en lo que concierne a la intervención gubernamental en la propiedad y el control de los medios:

Tras el triunfo del bando constitucionalista, hacia finales de 1916, nace El Universal, con todo el apoyo del victorioso grupo del futuro presidente Venustiano Carranza, y al servicio de sus intereses. Las relaciones peligrosas de este periódico con el poder están presentes desde aquellos primeros años hasta éstos, los más recientes. El presidente Alvaro Obregón lo clausura temporalmente en los años veinte, bajo el supuesto de obedecer a intereses opuestos a los de su gobierno; entre 1969 y 1970 uno de sus directivos y entonces copropietario era desplazado y encarcelado por quien se quedaría con la propiedad del periódico, en el cambio de gobierno de Díaz Ordaz a Luis Echeverría, mismo propietario que iba a la cárcel treinta años después, acusado de diversos delitos fiscales por el actual gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Tras este episodio el diario ha acentuado sus funciones de control social a través de la "fabricación de noticias" en los términos del mencionado libro de Stanley Cohen y Jock Young, The Manufacture of News: Social problems, deviance and the mass media.

En 1917 nace Excélsior y en 1928 nace La Prensa, ambos como diarios independientes de propiedad privada. Pero en el sexenio del presidente Cárdenas sendas iniciativas internas organizadas en el marco de un movimiento sindical inscrito ya en las normas de la movilización y el control corporativo de la época conducen a desplazar a sus propietarios para poner a ambas empresas bajo el régimen cooperativo. Excélsior sufrirá otro cambio traumático de dirección en el sexenio de Echeverría, pero de ese episodio hablaremos más adelante, porque constituye un punto de inflexión en el desarrollo del modelo mexicano de subordinación de los medios. Por su parte, La Prensa, en el sexenio del presidente Carlos Salinas, vuelve al régimen privado, incluso con inversión extranjera del grupo español PRISA, de Jesús Polanco, que edita El País, de Madrid. Sin embargo, al inicio del sexenio del presidente Zedillo, entre versiones de que el nuevo gobierno no estuvo de acuerdo con la interpretación ofrecida al semanario Proceso por el socio mexicano de Polanco, sobre el llamado error de diciembre de 1994 que desató el desastre financiero de 1995, La Prensa pasó a manos de la Organización Editorial Mexicana.

Esta empresa, la Organización Editorial Mexicana, que terminó recibiendo la propiedad de La Prensa, es una poderosa cadena de periódicos surgida en 1943 bajo la propiedad del coronel José García Valseca y al amparo del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Treinta años después, para saldar deudas con el Estado, la cadena pasaba a propiedad del gobierno federal, a la sazón encabezado, otra vez, por el presidente Luis Echeverría, quien ostenta el liderazgo en intervención en los cambios de dirección y propiedad de los medios a lo largo del siglo. El gobierno de Echeverría entrega la cadena a manos privadas sin que mediara el mínimo proceso formal de licitación, concurso o supervisión legislativa.

Por si fuera poco, el presidente Echeverría altera también la situación de la propiedad de la radio y la televisión privadas: primero confisca un lote de emisoras del grupo que hoy es Radio Fórmula porque su concesionario era socio de un empresario al que se había perseguido por defraudación fiscal. Con esas emisoras se integra más tarde el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, en manos del gobierno. Enseguida, el presidente Echeverría induce la fusión de las dos principales televisoras privadas, lo que da lugar a la creación de lo que hoy es Televisa. Finalmente desplaza al concesionario privado del Canal 13, a partir del cual el gobierno más tarde configura la red de Imevisión, hasta que el presidente Carlos Salinas la incluye en el paquete de privatizaciones de su sexenio.

De hecho, desde la aprición hace 50 años de la televisión privada en México, nace en medio de una espesa confusión de intereses, que marcan, desde sus primeras horas, sus pautas de subordinación al poder. En tanto el régimen de concesiones concentra en el Ejecutivo la facultad de otorgarlas y revocarlas discrecionalmente, fruto genuino del modelo mexicano de control de los medios y de las complicidades propias del complejo político-empresarial (o burocrático-empresarial) que regirá desde entonces la actividad de los medios electrónicos, la primera concesión televisiva otorgada por el presidente Miguel Alemán es XHTV Canal 4, a nombre, en un primer momento, de interpósita persona, pero muy pronto inscrita en la lista de bienes de su legendario patrimonio personal y familiar. Para mayor confusión de intereses, el canal empezaría sus emisiones con el mensaje anual del presidente Alemán, su informe al Congreso de 1950, mientras sus equipos y oficinas se alojaban en un edifificio público, el de la Lotería Nacional. A la postre, esta fue la semilla de lo que iba a ser el gran imperio privado de televisión mexicana del siglo XX, tras la asociación de la familia Alemán, representada por la familia O’Farril, con la familia Azcárraga.

El modelo estructural de relación subordinada de los medios al poder público en el México del siglo XX pasa por varias etapas que van del proceso de encuadramiento corporativo de todos los sectores socioeconómicos al Estado, a la integración del mencionado complejo político empresarial (o burocrático empresarial) de intereses comunes entre los sectores políticos y burocráticos y los de las grandes corporaciones empresariales, complejo cuyos engranes se han movido históricamente con el lubricante de la corrupción institucionalizada.

Los elementos constitutivos del modelo son los siguientes, en orden de aparición:

1.- Un marco jurídico, de acuerdo con la ponencia de Beatriz Solís, que prescribe y propicia

1. un alto grado de intervención estatal en materia de cine, radio y televisión;
2. un poder discrecional desmedido por parte del Poder Ejecutivo en esas materias;
3. una normatividad punitiva y obsoleta en materia de medios impresos, que,
4. ha hecho de dicha normatividad una legislación en desuso, a lo que se agrega,
5. la ausencia de previsiones respecto de los derechos de acceso a la información de la sociedad, de los derechos de los informadores en el ejercicio de su profesión y de los derechos de los particulares involucrados en los procesos informativos lo que, a su vez,
6. ha generado un vacío legal que deja en la indefensión lo mismo a los periodistas lesionados por sus empresas, a veces por iniciativa del poder público, que a los grupos e individuos afectados por los procesos informativos, mientras,
7. el complejo burocrático empresarial de los medios protege discrecionalmente los intereses de sus integrantes y, por tanto,
8. empresarios de medios y sus contrapartes burocráticas se oponen ferozmente a todo intento de alcanzar consensos a fin de contar con una legislación moderna que transparente las relaciones de los medios con los particulares, la sociedad y el Estado.

A ello hay que agregar,

2.- Un modelo económico proteccionista, vigente desde los años veintes hasta la primera mitad de los ochentas, que al ser aplicado a las empresas mediáticas con las características de discrecionalidad propias de los vacíos legales descritos, generó relaciones de corrupción, dependencia y subordinación del Estado con empresarios y profesionales de la información, a través de

1. apoyos financieros estatales para fundar o rescatar empresas informativas en forma de créditos preferenciales, comodatos de inmuebles y donaciones,
2. estímulos fiscales a través de un régimen especial de tributación para los medios, a los que se agregan negociaciones periódicas para regularizar deudas acumuladas,
3. dotación subsidiada (y discriminada) de insumos tales como el papel periódico y la electricidad,
4. publicidad estatal asignada discrecionalmente, más cuantiosa cuanto más se expandía el Estado en nuevas dependencias, organismos y empresas públicas, lo que convirtió al sector público, por varias décadas, en el primer anunciante del país,
5. condonación de deudas acumuladas con el Seguro Social a través de intercambios de servicios que incluyen contratos, reales o simulados, para realizar trabajos de impresión, pago de publicidad adelantada y, desde luego, un tratamiento informativo privilegiado,
6. asignación a reporteros, columnistas, articulistas y directivos de medios, de emolumentos pecuniarios mensuales, a manera de salarios o complemento de salarios, por parte de las oficinas de prensa de las dependencias y las empresas públicas, lo que, independientemente de los efectos en el condicionamiento informativo, se convirtió en un subsidio más a las empresas de la comunicación que, por muchos años, y todavía hoy, aunque menos frecuentemente, aplicaron una estructura de sueldos bajos, muchas veces simbólicos, a los informadores, en el entendido de que su ingreso principal se obtendría en las oficinas públicas.(Materia de atención internacional, como lo muestra su consideración en la lista de asuntos incluidos en la invitación al simposium, este punto atañe a la percepción propia y social de la profesión del periodista como un trabajador que tradicionalmente no ha podido sobrevivir de su salario, lo cual, como lo registran los comentarios iniciales de nuestros anfitriones, lo han puesto al servicio de empresas de extorsión y/o con relaciones de corrupción con el gobierno y sus patrocinadores privados).
7. confusión entre las funciones informativas y las de venta de publicidad por parte de los reporteros, a quienes se encarga de obtener la cuota de publicidad de sus fuentes informativas a cambio de una comisión de agente vendedor,
8. asignación de pagos de grandes sumas anuales a periodistas a través de supuestos contratos de publicidad y servicios informativos suscritos por interpósitas personas,
9. gratificaciones sexenales a comunicadores y directivos de medios a través de organismos públicos tradicionalmente utilizados como pagadurías de este tipo de erogaciones, como la Lotería Nacional,
10. habilitación de periodistas como contratistas proveedores de los más diversos bienes y servicios a instituciones estatales, desde barbecho de tierras de cultivo hasta fumigación de bodegas,
11. provisión subsidiada de viviendas a comunicadores y, en ocasiones, dotación gratuita,
12. asignación discrecional, a empresas formadas por periodistas, de igualas periódicas en dinero y jugosas concesiones para el uso de espacios públicos, desde los destinados a fijar anuncios en las estaciones del metro de la ciudad de México hasta bodegas y locales en mercados, centrales de abasto y locales comerciales en aeropuertos de gran afluencia turística,
13. formación de empresas representantes de columnistas y otros comunicadores para fines diversos, entre los que se incluye la recepción de "fondos de reptiles" procedentes de diversas fuentes de poder y su entrega al comunicador por la empresa representante, documentando diversos servicios informativos supuestamente prestados a esa empresa intermediaria, vale decir, una forma de lavado de dinero en la que el columnista pretende preservar su independencia por el hecho de no aparecer directamente en las nóminas de los poderes y los poderosos.

Los recursos movilizados por el poder público, la clase política y, más tarde, la clase empresarial a lo largo del presente siglo de vigencia del modelo mexicano de relación con los medios, dejan en un rango bastanre modesto los millones de dólares (una treintena) en que se pueden calcular las subvenciones otorgadas a la prensa por la dictadura porfirista. También hacen palidecer los cálculos del apoyo financiero acumulado en 70 años de patronazgo abierto de la prensa por el gobierno de Estados Unidos (1790-1860). E igualmente hacen ver como muy modestos los "fondos de reptiles" que escandalizaron a Europa en la Alemania de Bismarck (1862-1890).

Pero lo más relevante de esta comparación es que aquellos hechos corresponden a una historia más bien remota, mientras que el modelo mexicano permanece, si bien con modificaciones y en un lento proceso de extinción.

Y ha sido en función de los vínculos generados con el gobierno a través de financiamientos y componendas en los diversos órdenes que se explica la relativa facilidad con que los gobiernos, a lo largo de la vigencia del modelo, han podido intervenir en los cambios de dirección y de propiedad de los medios. Esto es así porque el poder público ha podido utilizar en este largo ciclo los resortes del conocimiento de las situaciones financieras, fiscales y laborales de los medios "protegidos" a fin de decidir, discrecionalmente, en qué momento renovar las relaciones de protección o complicidad a través de la renovación de los apoyos y de los acuerdos de impunidad, o en qué momento imponer cambios drásticos con el expediente o la simple amenaza de hacer efectivas las deudas acumuladas o perseguir los delitos hasta el momento simulados.

En todo caso, este modelo estructural puede permitir, en mi opinión, ofrecer una línea de discusión, no la única, a la primera inquietud planteada por Claudio Lomnitz con la invitación inicial al simposium: la prolongada decadencia de la prensa mexicana a partir de finales del siglo pasado y hasta nuestros días, tanto en términos de volumen de ejemplares publicados como en términos de rangos de cobertura.

¿Cómo explicar que los periódicos más grandes de hoy en la ciudad de México publiquen más o menos tantos ejemplares como el principal periódico de Nueva York hace 170 años, entre las décadas de los treintas y cuarentas del siglo pasado, a pesar de la enorme diferencia de población entre las dos ciudades y entre esas fechas?

La primera pista podría estar en la coincidencia de la fecha de inicio del proceso de decadencia de los periódicos mexicanos señalada por Lomnitz y la fecha propuesta en estas notas para el nacimiento del modelo de subordinación. La caída en tirajes y rangos de cobertura empezaría a explicarse así en función de la aplicación de un modelo de existencia y sostenimiento de medios en el que tirajes y cobertura eran menos importantes que las autorizaciones, concesiones, apoyos materiales y estímulos de todo orden provenientes del poder público. Estas han sido las condiciones históricas del desarrollo de los medios y no los incentivos del mercado de lectores, audiencias y anunciantes.

En estas condiciones podrían también explicarse las claras diferencias de contenidos y alcances entre los medios norteamericanos y mexicanos. El desarrollo de las ideas y los ideales de objetividad, precisión en la información y estilos narrativos noticiosos respondió en Estados Unidos a las exigencias y necesidades de una contraparte social regida por el mercado, mientras, en México, esos valores, ideas e ideales han sido intrascendentes o, incluso, contrarios para una contraparte estatal cuyo principal valor en el campo de la información se ubica, como ocurre en cualquier país del mundo, en el news management.

Y aquí podemos encontrar otra aproximación a nuestro concepto de complejo político (o burocrático) empresarial, aplicado al modelo mexicano de relaciones entre los medios y el poder. Se trata de los términos textuales utilizados por Walter Lippmann (citado en el mencionado libro de Altschull) para definir su propio concepto de prensa reptil (reptil press) al acusar al presidente Coolidge de pretender implantar el modelo en Estados Unidos, hacia 1926:

una prensa que toma su inspiración de los funcionarios del gobierno y de los intereses de los grandes negocios. Publica lo que el poder desea que sea publicado. Suprime lo que el poder desea que sea suprimido.

Este conjunto de características del modelo mexicano ha generado diversas actitudes de lectura y creado nuevos tipos de lectores de la información en México. Por un lado, un alejamiento de los espacios informativos por partte de la mayoría de la población. Lectores y audiencias le han dado la espalda a editores y otros comunicadores de noticias: los tirajes de medios impresos no sólo no han crecido a lo largo del siglo (y no pocos han bajado), mientras la población casi se ha decuplicado. Por otra parte, las audiencias de radio y televisión suelen desplomarse a la hora de los noticiarios y caer todavía más a la hora de la información política, ante la percepción extendida de que éste es el campo más propicio y socorrido de las políticas oficiales de news management.

Las actitudes escépticas de los lectores más experimentados se muestran a través de dos rasgos aparentemente contradictorios. Por una parte, de descreimiento ante las versiones altamente uniformadas de los medios sobre un hecho, con cabezas y narraciones a veces idénticas, porque el receptor las percibe, generalmente con razón, como productos inequívocos del news management de la cúpula del poder. Por otra parte, de descreimiento también ante la diversidad de versiones e interpretaciones u opiniones sobre un mismo hecho, porque el lector las percibe, también, generalmente con razón, como producto de acciones de news management de diversas fuentes de poder en lucha por imponer sus versiones e interpretaciones de los hechos.

Del libro de Schudson ya mencionado sobre la historia social de la prensa norteamericana, al que habría que agregar sus Origins of the Ideal of Objectivity in the Professions; Studies in the History of American Journalism and American Law, 1830-1940 (Harvard Studies I), surge otra diferencia fundamental, profunda, entre el modelo mexicano y el norteamericano. "En México es prácticamente imposible ganar un juicio de libelo", nos dice, intrigado, Claudio Lomnitz, probablemente sin conocer algo todavía más intrigante: en México es casi imposible iniciar un juicio de libelo, según lo veremos más adelante. Mientras tanto, como lo mostró Schudson, en Estados Unidos existe una relación estrecha entre la objetividad periodística, las leyes de libelo y el temor de los editores a los procesos legales.

En efecto, el surgimiento del ideal de objetividad de los medios en Estados Unidos está ligado a la modernización de la legislación en materia de derechos de los particulares afectados en los procesos informativos (calumnia y libelo, principalmente), al prestigio y la eficacia de la ley y del Estado de Derecho, a la entereza de los jueces para enfrentar riesgos de linchamiento social y al valor de los afectados para acudir sistemáticamente a los tribunales.

Ninguna de esas condiciones se ha dado en México. De hecho, habría que hacer el listado de las condiciones que conspiran, en este punto del derecho de la información, contra el ideal de la objetividad de los medios en el modelo mexicano:

1. una negativa sistemática de dar el paso modernizador de la legislación por parte de los gobernantes y sus contrapartes en los medios, en la lógica del complejo burocrático-empresarial que prefiere continuar gestionando sus intereses en medio de los vacíos legales que propician los arreglos discrecionales entre las partes;
2. el extendido y hondo desprestigio de la ley y de quienes la procuran y la aplican desde el Estado;
3. la ignorancia y el prejucio contra la ley y su aplicación, manifiesto en el discurso oficial de gobernantes, políticos y burócratas que, a dos voces con sus clientelas en los medios, identifican legislación y aplicación de la ley con represión de las libertades informativas;
4. una radical inversión de los términos en la defensa de los derechos fundamentales del individuo por parte de algunos grupos de derechos humanos y de derechos informativos. Esto ocurre cuando ubican las denuncias y las demandas de particulares contra periodistas en sus listas de atentados y amenazas a la libertad de prensa, algo impensable en un país como Estados Unidos. Y precisamente la distorsión es más notable aún en un modelo como el mexicano, de subordinación estructural de los medios al poder, en la medida en que la descalificación de la defensa de los particulares estaría no sólo avalando la impunidad del periodista sino la impunidad misma del poder, es decir, de quien, detrás del periodista, ejerce el news management contra los ciudadanos;
5. una virtual inoperancia del Estado de Derecho en amplios campos de la vida mexicana y, derivada de los puntos anteriores, una inoperancia real en el campo específico de la comunicación;
6. el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, controlado por el Poder Ejecutivo, que, en el caso de las transgresiones en este campo, agrega un poder discrecional más para el control y la ampliación de los márgenes de negociación del poder en el manejo de los medios: el de llevar o no ante un juez las acusaciones contra los informadores, según las necesidades del news management;
7. la falta de tradición y experiencia de los jueces en estos asuntos, en el orden penal, toda vez que muy pocos casos, de los de por sí pocos que se presentan, pasan la barrera del Ministerio Público y, en el orden civil, por la precaria suerte que ha corrido la relativamente nueva, desconocida y políticamente distorsionada figura del daño moral;
8. la falta de incentivos de los particulares, a la vista de todo lo anterior, para acudir a los tribunales en defensa de sus derechos.

Otra vez, es desde la perspectiva de la contraparte del informador: la sociedad, los particulares, en un entorno de eficacia de la ley y Estado de Derecho, en los Estados Unidos; o el poder, en un entorno de actuación discrecional, al margen de normas previsibles y exigibles, en el caso de México, desde donde se establece la diferencia fundamental, también en este punto, entre el modelo mexicano y el norteamericano. Jorge Ramos, el conductor de Univisión, un periodista mexicano que ha trabajado de los dos lados de la frontera nos lo dijo con claridad en un reciente debate en la Universidad Iberoamericana:

En México el periodista está atento y preocupado ante las reacciones o llamados que su trabajo puede provocar por parte de los funcionarios del gobierno. En Estados Unidos el periodista está atento y preocupado ante las demandas judiciales que su trabajo puede provocar de parte de los particulares que se puedan sentir afectados.

En este punto, y en cuanto a la ideología ocupacional o profesional del periodista, en México un periodista que acumula denuncias y demandas judiciales suele afirmarse en su puesto gracias al apoyo que le otorgan sus patrocinadores de dentro y de fuera del medio, los que lo indujecen a afectar los derechos de otros. Pero además, en paralelo, suele proclamarse públicamente como una víctima, identificando como atropello la indagación judicial, y apelando a la solidaridad o a la complicidad de sus iguales, iguales no en el sentido profesional, sino en el de la autopercepción de impunidad a toda prueba. En Estados Unidos, como lo muestran algunos casos famosos, un periodista denunciado o demandado por alguna transgresión legal o falta de rigor ético o profesional está al borde de dejar de serlo.

III.- DEL DEBILITAMIENTO DEL MODELO
AL VACÍO Y LA AUSENCIA DE REGLAS

Paradójicamente, hacia el final del gobierno de mayor injerencia en la inducción de cambios en la dirección y la propiedad de los medios, hace un cuarto de siglo, se puede fechar el inicio del proceso, todavía inconcluso, de extinción del modelo. El traspaso, por parte del diario Excélsior, del umbral de tolerancia del presidente Luis Echeverría a la crítica, generó la movilización de todos los recursos del poder corporativo para tratar de convencer, primero, al director del periódico, de la conveniencia de atenuar el tono de su manejo informativo y editorial, y, más tarde, para desplazar a Julio Scherer de su cargo de dirección. Desde la inducción al sector privado para que retirara la publicidad comercial del diario a fin de dejar su viabilidad a merced de la publicidad y del apoyo oficial, hasta el retiro de todo apoyo oficial, entre una serie de maniobras que incluyó la invasión del patrimonio inmobiliario de la empresa por un líder agrario obediente, también, a las líneas del mando corporativo, el gobierno no cejó hasta lograr la deposición de Scherer. Sólo que el gobierno no contaba con el hecho de que seguirían y respaldarían a Scherer los más influyentes escritores, artistas e intelectuales de la época y que el escándalo llegaría a la prensa internacional.

El episodio vino a mostrar las primeras, importantes vulnerabilidades del modelo tradicional de subordinación de la prensa al poder público. Aunado a otro episodio, protagonizado durante el mismo régimen por el periódico El Norte, de Monterrey, en el que la negativa de proveerle papel por parte del monopolio estatal de importación y producción de ese insumo llegó también a la prensa internacional como una muestra de la falta de libertades en el país, lo que empezaba a quedar claro es que el modelo estaba dejando de ser funcional a las nuevas realidades y visiones tanto del país como del extranjero.

Pero lo más importante para la hipótesis de que aquel episodio marcó el principio del proceso de extinción del modelo vino unos meses después.

Todavía en el sexenio de Echeverría, Scherer y sus seguidores pusieron en circulación otra publicación, el semanario Proceso, lo que constituía un desafío sin precedentes al poder presidencial, particulamente en la zona más rígida, podríamos decir, intocable, del modelo de subordinación, en tanto vino a mostrar que en México podía haber vida (periodística) más allá del veto presidencial. Y lo habían hecho al margen de los tradicionales apoyos financieros y de otro orden del gobierno, característicos del surgimiento de los nuevos medios a lo largo del periodo de vigencia del modelo. Y eso no era todo. Al cambio de sexenio, el nuevo gobierno trató de congraciarse con la nueva publicación y la incorporó a las pautas tradicionales de la publicidad oficial. Sólo que Proceso terminó también por traspasar el umbral de tolerancia del presidente José López Portillo, quien personalmente se encargó de justificar el retiro de la publicidad oficial a la revista con una frase memorable que vino a erigirse en una especie de prueba confesional, no sólo del carácter discrecional, arbitrario, propio del modelo de subordinación, del manejo de la publicidad oficial, sino, incluso, el carácter patrimonialista del uso de los recursos públicos en la relación con los medios: "No pago para que me peguen".

Este nuevo episodio, a su vez, vino a mostrar una fisura más del modelo. En vista de que Proceso decidió prescindir de la publicidad oficial para sus cálculos de funcionamiento y sobreviviencia –entre otras cosas apeló a los lectores con un alza al precio de venta del ejemplar—y logró salir adelante sin la intervención de esta otra pieza maestra del modelo de control, el nuevo episodio mostró una nueva posibilidad para el desarrollo de otro tipo de relación de los medios con los poderes, en tanto agregó otra evidencia: hay vida más allá de los instrumentos de apoyo y subordinación del modelo tradicional.

El nacimiento posterior de dos nuevos diarios en la ciudad de México, La Jornada y Reforma, se dio también al margen de los apoyos financieros tradicionales. Particularmente, Reforma, con mayor claridad, parece obedecer más a las pautas de una "sociedad democrática de mercado", en los términos paradigmáticos de Schuson, mencionados inicialmente en estas notas.

Otras modificaciones al modelo han sido impuestas por las tendencias del proceso de apertura comercial y de modernización de la economía, por los intentos de corregir algunos de sus peores vicios a través de la supervisión del gasto público. Unas más, como medidas simbólicas de la decisión de los gobiernos de esta década de actualizar las relaciones entre la prensa y el poder. Y, entre las más importantes, las disposiciones que han ampliado el acceso a los medios de los partidos alternativos al del gobierno.

Entre las más importantes modificaciones se encuentran las siguientes:

• En 1990 se libera la importación de papel periódico que a lo largo de 55 años se había mantenido como monopolio estatal a través de la empresa pública Productora e Importadora de Papel, única fuente, hasta entonces, de dotación de ese insumo para las publicaciones periódicas, lo que la convirtió en una herramienta básica del modelo tradicional de subordinación de la prensa. En la segunda mitad de esta década, la empresa entra en proceso de privatización.

• En 1992, se publican en forma de decreto del Ejecutivo los "Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión y, en general, a las actividades de comunicación social", en los que se establecen algunos criterios para la dotación de la publicidad oficial, se ordena a las dependencias del Estado dejar de sufragar los gastos de desplazamientos y hospedajes de periodistas, se les prohibe engrosar las partidas de gastos de información y propaganda con traspasos de otras partidas y se les obliga a efectuar todos sus pagos en estos campos con cheques nominativos, para evitar el ocultamiento de los destinatarios de esas erogaciones.

• A partir de 1993 la Presidencia de la República empieza a instrumentar las normas de los Lineamientos, haciendo pagar a las empresas periodísticas, por primera vez en la historia, los gastos de sus desplazamientos por el país y el extranjero para cubrir las actividades presidenciales.

• En 1994 se suprime la presencia del presidente de la república en el ritual del día de la libertad de prensa, una anacrónica celebración establecida en los años cuarentas, en la que los editores del país agradecían al jefe del Ejecutivo los beneficios recibidos en función del modelo descrito de subordinación.

• De 1994 a 1996, por la vía de las reformas a la legislación electoral se logran regulaciones en materia de medios, a pesar de la renuencia a legislar en la materia por parte del complejo burocrático empresarial de los medios. Las reformas propician una importante apertura de los medios a la presencia equitativa de los partidos en las contiendas electorales.

Ciertamente el modelo ha entrado en un proceso de debilitamiento y, en algunos aspectos, de extinción.

El principal reto no resuelto que plantea, sin embargo, este proceso es que transcurre dejando intocado el marco jurídico que a su vez mantiene en su integridad la capacidad del Estado de intervenir en los medios con un alto poder discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Esto propicia que, ante toda situación de crisis o apremio del gobierno, se regrese a los patrones y al cierre hermético de filas del establishment de la comunicación con el poder público, como lo mostró su comportamiento en las recientes elecciones internas del PRI.

En este mismo orden de riesgos, pero en sentido inverso, se encuentra el de una desaparición más o menos acelerada de los controles y normas, escritas y no escritas, del modelo tradicional sin que se hayan generado las nuevas normas de un nuevo modelo democrático de relación de los medios con los particulares, la sociedad y el poder público. Esto podría dar lugar a un vacío de poder que a su vez podría ser ocupado por una serie de poderes informales, sin descontar los del crimen organizado, como ha ocurrido en la Rusia postsoviética y como han dejado asomar las tendencias, hábitos, fortunas súbitas y relaciones de algunos exponentes mexicanos de las empresas y de las actividades informativas.

La resistencia a regular los derechos de acceso a la información concentrada en los diversos enclaves de poder, lo mismo sobre hechos como la represión estudiantil de 1968 que sobre decisiones y acciones públicas como el rescate bancario de 30 años después, aunada a la negativa a normar el uso de fondos públicos, empezando por la publicidad oficial, en los procesos informativos siguen siendo asignaturas pendientes de un verdadero tránsito a la modernización de las relaciones del poder y los medios.

Y como un final provisional, la incógnita principal del proceso de extinción del proceso está en si la alternancia en el poder político, un hecho consumado en la tercera parte de los Estados de la Federación, y una posibilidad no tan improbable como en otras épocas a escala nacional, conducirá a no a la extinción definitiva del viejo modelo, ya centenario de subordinación, y, sobre todo, si propiciará o no la construcción de una nueva legalidad y una nueva cultura de la relación de los medios con la sociedad, los particulares y los poderes públicos. Hasta ahora, las evidencias mostradas por los candidatos presidenciales de los principales partidos no permiten abrigar demasiadas ilusiones.

* José Carreño Carlón es un periodista mexicano de larga trayectoria en los medios y en el gobierno. Fue director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República en la segunda mitad del sexenio 1988-1994. Actualmente es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Esta ponencia fue presentada en el Simposium "Republic in Print: Mexican Journalism in Sociological and Historical Perspective", November 12-13, 1999, Mexican Studies Program-University of Chicago, Franke Institute for the Humanities, y es su primera colaboración para Sala de Prensa.