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Latinoamérica: Periodismo y muerte

Gerardo Albarrán de Alba *

MEXICO, DF.- Bernabé Cortés recibió una llamada de una persona que le aseguró tener información importante para su programa. Aún era de mañana. El director del noticiero de CBN se desplazó hasta el sitio acordado, en algún punto de la ciudad de Cali; al llegar fue asesinado sin mediar palabra, dentro de su propio auto.

Paradójicamente, ese mismo día, todos los rincones de Colombia se cubrieron de pañuelos blancos, en una protesta cívica contra la violencia y la impunidad, que consistió en un paro nacional de media hora. Miles de colombianos tomaron las calles y las plazas de las principales ciudades de ese país. En medio de la manifestación, se supo la noticia del asesinato de Cortés. La prensa escrita y los medios electrónicos se sumaron al movimiento.

La muerte de este periodista colombiano, con una trayectoria, profesionalismo y seriedad reconocidos, se suma a la ejecución de la periodista peruana Isabel Chumpitaz Panta, el 6 de abril, y del periodista brasileño Manoel Leal de Oliveira, el 14 de enero.

Chumpitaz (reportera de La Voz del Pueblo) cayó en una emboscada: 12 individuos armados le dispararon a ella y a su marido, José Amaya Jacinto, quien murió en el acto. Ahí mismo quedaron heridos los hermanos de la periodista, Carlos y Walter, este último director del noticiero Sombrero de Paja, en Radio Satélite.

Leal de Oliveira (editor de A Regiao) murió acribillado por profesionales cuando llegaba a su casa. Su caso ha sido seguido por Amnistía Internacional (AI), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

Lo peor es que no se trata de ataques aislados. En Perú, en las 72 horas siguientes al asesinato de Chumpitaz, hubo un asalto armado a Radio San Martín, y fueron atacados Diógenes Torres Agreda y Gladis de la Cruz, de Solidaridad. Además, ha habido amenazas de muerte contra el reportero Angel Páez, integrante del equipo de investigación de La República.

En Brasil, Helton Fraga y Joao Henrique Barbosa, del semanario independiente Jornal da Vassouras, sufren la presión de las autoridades de su ciudad, por su trabajo periodístico, y podrían ir a parar en prisión.

En México, el director y un reportero del diario El Sur han recibido presiones oficiales por una serie de reportajes sobre el enriquecimiento súbito del gobernador del estado de Guerrero y su familia.

En la capital de este país, las oficinas de IRE-México / Periodistas de Investigación fueron asaltadas 24 horas después de que funcionarios de esta organización fueron entrevistados en el programa El fin justifica a los medios, de Radio Educación, en el que tocaron el tema del acceso a la información y la impunidad con que se manejan en la materia la Presidencia de la República, la secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. El caso fue denunciado como un robo común, aunque los "ladrones" sólo se llevaron las computadoras -con todos los archivos de la organización-, y dejaron equipo aun más costoso.

Todos estos casos permanecen impunes.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre 1988 y 1997 fueron asesinados 120 periodistas en Latinoamérica, lo que representa poco más de la cuarta parte del total de colegas caídos en todo el mundo, en el mismo lapso. Asimismo, hasta el año pasado había seis periodistas encarcelados por su trabajo: cuatro en Perú y dos en Cuba.

La relación de periodistas asesinados, recopilada por CPJ, es la siguiente:

* Colombia: 43 * Perú: 19 * México: 12 * Brasil: 11 * El Salvador: 10 *
* Guatemala: 4 * Haití: 4 ** Argentina: 2 * Honduras: 2 * Venezuela: 2 *
*Chile: 1 * República Dominicana: 1 * Ecuador: 1
* Panamá: 1 * Paraguay: 1 *

Apenas el pasado 31 de mayo fue secuestrada por un grupo guerrillero la periodista colombiana Mary Luz Avendaño, en una zona rural del conflictivo departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. La periodista trabaja en el canal regional Teleantioquia para el noticiero Tele Hora Noticias.

En este continente, ni siquiera los periodistas norteamericanos están del todo seguros: siete han muerto en Estados Unidos y uno en Canadá. Muchos otros son acosados.

El Comité Canadiense para la Protección de los Periodistas (CCPJ, por sus siglas en inglés) informó el pasado 11 de junio que la reportera Janice Johnston, (CFRN News, en Edmonton) estuvo bajo vigilancia del gobierno de Alberta mediante la intercepción de sus comunicaciones privadas, entre el 27 de enero y el 28 de marzo de este año, según le confirmó el fiscal Gary McQuaig mediante una carta, en la que no precisa qué dependencia gubernametnal realizó la vigilancia, cuáles comunicaciones privadas fueron interceptadas ni qué métodos se emplearon en su contra. Aparentemente, la vigilancia sobre Johnston obedece a la difusión que hizo la periodista canadiense en 1997 sobre un reporte secreto de una investigación interna de la policía de Edmonton sobre los presuntos nexos criminales de uno de sus elementos. Poco después de que esta información salió al aire, la redacción donde trabaja Johnston fue tomada por la policía, armada con una orden judicial. La policía obligó a Johnston a entregarle el reporte policiaco secreto en el que basó su reportaje.

Y este 16 de junio último, el CCPJ denunció que otros dos periodistas canadiendes han sido sujetos de las mismas prácticas. Se trata de Charlie Gills y Donna Marie Artuso (reportero de la fuente policiaca y columnista, respectivamente, del diario Edmonton Sun, a quienes les fue informado por la División de Asuntos Internos del departamento de policía que sus conversaciones telefónicas privadas fueron monitoreadas entre el 27 de enero y el 28 de marzo de este año, para tratar de identificar a un oficial policiaco que filtró documentos a la prensa en julio de 1997... los mismos que utilizó Janice Johnston.

Olvido

El asesinato en Colombia de Bernabé Cortés no puede quedar como uno más en la larga cadena de atentados impunes contra la prensa en ese país, en el que la justicia es rebasada por la violencia, al grado de que el 98% de las denuncias penales quedan sin resolverse.

La inmensa mayoría de los ataques contra periodistas latinoamericanos ha quedado sin castigo, pero no sólo por la incapacidad judicial o, incluso, la complicidad de las autoridades, sino por la casi nula respuesta gremial, que acusa inconsistencia al tratarse de sus pares.

Excepción sobresaliente es el caso del fotógrafo argentino José Luis Cabezas (Noticias), asesinado en Pinamar, en la madrugada del sábado 25 de enero de 1997. Su cuerpo fue encontrado esposado, con un balazo en la sien y casi totalmente calcinado dentro de su auto, a casi 15 kilómetros del lugar donde fue visto con vida por última vez.

Desde entonces, miles de imágenes con el rostro del fotógrafo asesinado han aparecido por todo Argentina, acompañadas de una frase: "No se olviden de Cabezas". En Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, a unos pasos de donde cada jueves se reúnen las Madres de la Plaza de Mayo, están pintadas decenas de siluetas que representan crímenes impunes. Justo al centro está la que corresponde a Cabezas.

La muerte de Cabezas fue atribuida al empresario Alfredo Yabrán, cuya fortuna ascendería a varios miles de millones de dólares y estaría vinculado al narcotráfico y otras actividades ilegales, además de controlar el 80% del manejo de correspondencia en Argentina, la confección de los documentos de identidad, las bodegas de aeropuertos, varias empresas de seguridad privada y otras áreas estratégicas. Yabrán se "suicidó" apenas hace unos días.

Cabezas desnudó la trama de este descomunal poder haciendo público el rostro de Yabrán, simbólicamente borrado por el supuesto suicidio.Por el momento, el principal beneficiario de la muerte de Yabrán es el presidente Menem, al resultar más difícil ahora, comprobar los vínculos entre el área de la presidencia y la supuesta red mafiosa de Yabrán, la que se extendería también a la justicia.

Parafraseando el lema de los colegas argentinos, habría que reclamar: "No se olviden de ninguno".

A fin de cuentas, detrás del asesinato, del ataque, de la presión o del encarcelamiento injusto de un periodista, casi siempre hay un gobierno, un funcionario, aluna organización, alguna red criminal o simplemente un individuo que pretende evitar a toda costa que una información determinada se haga pública. En la medida en que los propios medios de comunicación hagamos una exhaustiva cobertura de todos los casos de colegas muertos, y tomemos a nuestro cargo terminar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones interrumpidas por un crimen, aquellos que pretendan matar a un periodista lo tendrán que pensar dos veces, porque el efecto será el contrario al que buscan: serán totalmente expuestos, como bien nos recuerda Gene Roberts, director del Comité para la Protección de los Periodistas.

Nosotros no olvidamos.

En este 1998 se cumplieron 14 años de los asesinatos de dos periodistas sobresalientes en Latinoamérica:

• Guillermo Cano Isaza, director El Espectador, víctima del Cártel de Medellín, que meses más tarde colocó una bomba de gran poder que casi destruyó ese diario.

• Manuel Buendía Tellezgirón, un columnista de Excélsior que documentó los pasos de la ultraderecha en México. Su asesinato, el 31 de mayo de 1984, fue atribuido a un exjefe de la policía política que fue cobijado por el gobierno queriéndolo investir como diputado federal, hasta que el escándalo público por la muerte de Buendía obligó al mismo gobierno a detenerlo, juzgarlo y sentenciarlo. Hoy sigue en la cárcel.

* Gerardo Albarrán de Alba es editor en el semanario Proceso; creador y coordinador académico del Diplomado en Periodismo de Investigación en la Universidad Iberoamericana; miembro fundador del Comité Asesor de IRE-México / Periodistas de Investigación, y director de Sala de Prensa, web para los profesionales de la comunicación iberoamericanos. Este artículo fue elaborado con la colaboración de: Juan Pablo Ramírez, miembro de SdP, y Carlos González, en Medellín; Juan Carlos Romero, miembro de SdP, y Santiago Camarda, en Buenos Aires, y Marcel Leal de Oliveira, Morena FM, e Ivson, asesor del Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Mun. do Rio, en Río de Janeiro, así como con información del Committee to Protect Journalists, en Nueva York; el Canadian Committee to Protect Journalists, en Vancouver; la Federación Internacional de Periodistas, en Bruselas, e Investigative Reporters and Editors, en Missouri.